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​La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, compareció este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para presentar la postura oficial de Venezuela sobre la controversia territorial de la Guayana Esequiba.
Durante su intervención, enfatizó que el Estado venezolano no reconoce la jurisdicción del tribunal para dirimir este asunto, amparándose en el mandato popular expresado en el referéndum consultivo del pasado diciembre.
La jefa de Estado destacó que su presencia en La Haya responde a la voluntad de un pueblo «profundamente amante de la justicia, de la paz y de la legalidad internacional», subrayando que la integridad territorial es un asunto existencial que no debe someterse a mecanismos judiciales ajenos al consentimiento mutuo.

Delcy Rodríguez hizo hincapié en los resultados del proceso electoral del 3 de diciembre de 2023, señalando que el pueblo venezolano otorgó mandatos directos al Ejecutivo.

Entre ellos, destacó la necesidad de «reivindicar el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico válido para resolver la controversia territorial».

​En su discurso, aclaró que la postura de Venezuela no representa un desplante a la institución, sino un ejercicio de soberanía.

«La posición histórica de Venezuela de no someter a mecanismos de resolución judicial de controversias los asuntos relacionados con sus intereses vitales no es un acto de rebeldía, ni de desconocimiento de la Corte como institución», afirmó ante los magistrados.

«Venezuela nunca ha otorgado consentimiento para someter la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de esta Corte. En modo alguno el Artículo 4 del Acuerdo de Ginebra constituye una cláusula compromisoria», recalcó.

Reiteró que el propósito de Venezuela al participar en estas audiencias es doble: preservar la legalidad internacional frente a lo que calificó como un «absurdo antijurídico impulsado por Guyana» y «mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden a Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba».

​Con esta comparecencia, el Gobierno nacional reafirma que la solución debe ser negociada y política, tal como lo establece el marco jurídico de 1966, rechazando cualquier intento de judicialización unilateral de la disputa.

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