El ex parlamentario, abogado y defensor de derechos civiles, Rafael Narváez, calificó como una flagrante usurpación de funciones la decisión tomada por la vicepresidencia del gobierno interino de declarar el fin de la Ley de Amnistía.
Para el jurista, este anuncio no solo representa una extralimitación en las competencias, facultades y atribuciones de la Asamblea Nacional, sino que constituye una vulneración directa a la Constitución y al ya debilitado estado de derecho en el país.
Narváez enfatizó que tal proceder resulta «imperdonable» para una autoridad que posee formación académica en derecho y que ejerce funciones en una presidencia interina cuya vigencia se encuentra prácticamente agotada.
En su argumentación, el especialista en derecho procesal penal de la Universidad Central de Venezuela instó a la funcionaria a rectificar su postura y ofrecer disculpas a la academia jurídica, recordando que la estabilidad legal del país no puede quedar sujeta a voluntades individuales. Al respecto, citó el artículo 218 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece taxativamente que las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes o abrogadas mediante referendo, salvo excepciones constitucionales, lo que invalida cualquier intento del Ejecutivo de dar por terminada una norma de forma unilateral.
Finalmente, el coordinador nacional de la defensa por los derechos civiles lanzó un desafío institucional al Parlamento, señalando que la Asamblea Nacional debe decidir entre defender la autonomía y facultades que le otorga la Carta Magna o aceptar una subordinación ante el poder ejecutivo.
De esta manera Narváez concluyó su pronunciamiento haciendo un llamado vehemente a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos para que no abandonen su lucha por la conquista de la justicia, asegurando que la vigencia de los mecanismos de protección legal es una garantía que no puede ser arrebatada arbitrariamente.
