El Comité de Derechos Humanos publicó este miércoles un informe sobre la situación de estas libertades fundamentales en Brasil, en el que expresó su preocupación por cuestiones como la impunidad en ciertos delitos o la corrupción, algo que llega después de 18 años de falta de cooperación entre las autoridades brasileñas y esta institución de Naciones Unidas.
El informe, tercero del comité de Brasil y primero desde 2005 (otros países suelen ser sometidos a esta revisión cada cinco o seis años) comienza dando la bienvenida a las autoridades brasileñas por «reanudar su diálogo constructivo» pese a llegar «más de diez años tarde».
En los aspectos positivos, reconoce avances de Brasil en legislaciones para la protección de los derechos humanos, incluidas recientes medidas del actual Gobierno de Luiz Inázio Lula da Silva, como la creación de los ministerios para los pueblos indígenas o para la igualdad racial.
En el documento, el Comité formado por 18 expertos y presidido por la paraguaya Tania María Abdo, expresa entre otros puntos su preocupación por la falta de legislación en Brasil para reforzar la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en vigor desde 1976 y por cuyo cumplimiento vela este órgano.
También critica la falta de progresos claros en la creación de una institución independiente de derechos humanos en Brasil, así como la insuficiente aplicación de las medidas lanzadas por el país para combatir la corrupción, que se traducen por ejemplo en largos retrasos en los procesos en torno a la operación Lava Jato.
Insta por ello a Brasil a «aumentar sus esfuerzos para erradicar la corrupción y la impunidad a todos los niveles», tomando medidas para «garantizar una rápida finalización de todos los procesos relacionados con Lava Jato», la mayor operación lanzada en país para combatir el blanqueo de dinero.
Lamenta asimismo la falta de aplicación de las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Verdad, encargada de la investigación de violaciones de derechos humanos entre 1946 y 1988 (incluyendo las perpetradas durante la dictadura militar entre 1964 y 1985).
