Telefónica Venezolana, filial venezolana de Telefónica, ha llegado un acuerdo por el que pagará una multa de 85,26 millones de dólares (80 millones de euros) para resolver una investigación sobre una trama de sobornos a funcionarios del Gobierno de Venezuela para recibir acceso preferente a dólares estadounidenses en una subasta de divisas, según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El caso se remonta a 2014, cuando el grupo estaba presidido por César Alierta, mientras que su actual presidente, José María Álvarez-Pallete, era consejero delegado. “Telefónica Venezolana eligió apoyar a un régimen corrupto para eludir las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela”, dice una fiscal.
La filial venezolana firmó este viernes un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) en relación con una información penal presentada en el Distrito Sur de Nueva York que acusa a la compañía de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Telefónica señaló en un documento registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2015 que estaba “llevando a cabo una investigación interna sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción”, sin precisar dónde, como adelantó EL PAÍS. El supervisor requirió más información a la compañía, pero esta se limitó a decir que continuaba “cooperando con autoridades gubernamentales”, al tiempo que descartó que “cualquier posible sanción” en estos casos afectase “de forma material” a la situación financiera del grupo.
Según los documentos del caso, Telefónica Venezolana participó en 2014 en una subasta de divisas patrocinada por el Gobierno en Venezuela que le permitió cambiar sus bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. Para garantizar su éxito en la subasta, Telefónica Venezolana reclutó a dos proveedores para que realizaran pagos corruptos por valor de aproximadamente 28,9 millones de dólares a un intermediario, a sabiendas de que parte de esos fondos se pagarían como “comisión” a funcionarios del Gobierno venezolano.
Para ocultar los pagos de sobornos, Telefónica Venezolana cubrió el coste de los sobornos comprando equipos a los dos proveedores a precios inflados. Como resultado de sus pagos corruptos, a Telefónica Venezolana se le permitió intercambiar y posteriormente recibió más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos a los dos proveedores que reclutó para unirse al esquema. Estos fondos representaron más del 65% de los fondos que el gobierno venezolano adjudicó en la subasta de divisas de 2014.
Venezuela se había convertido en aquella época en una pesadilla para los financieros de Telefónica. Aunque el negocio en el país iba aparentemente viento en popa, la alta inflación y la constante pérdida de valor del bolívar venezolano, junto con las barreras a la repatriación de dividendo, castigaban al grupo que presidía César Alierta. Las constantes devaluaciones del bolívar venezolano golpeaban una y otra vez las cuentas, que en 2014 ya acumulaban un impacto negativo de 4.600 millones de euros por los problemas cambiarios.
Como parte del acuerdo, Telefónica Venezolana y su matriz, Telefónica, han acordado, entre otras cosas, seguir cooperando con la Sección de Fraude de la División Penal y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigación penal en curso o futura que surja durante la vigencia del caso. Además, Telefónica Venezolana y Telefónica han acordado mejorar su programa de cumplimiento cuando sea necesario y apropiado, e informar al Gobierno sobre la remediación e implementación de su programa de cumplimiento mejorado.
El Departamento de Justicia llegó a esta resolución con Telefónica Venezolana basándose en una serie de factores, incluyendo, entre otros, la naturaleza y gravedad de la infracción. La sanción ha sido menor gracias a que Telefónica Venezolana ha cooperado con la investigación del Departamento de Justicia, aunque se resistió a hacerlo al principio. “En las fases iniciales de la investigación, Telefónica Venezolana no identificó, recopiló, presentó y divulgó a tiempo ciertos registros e información importante, lo que afectó a los esfuerzos de investigación del Departamento y redujo el impacto de la cooperación de Telefónica Venezolana”, explican las autoridades estadounidenses.
Telefónica Venezolana también adoptó medidas disciplinarias para determinados empleados implicados en los sobornos o que tuvieron conocimiento de los mismos, incluido el despido de algunos. La compañía también ha reforzado su programa de cumplimiento anticorrupción y ha revisado su proceso de aprobación de transacciones con precios no estándar, además de mejorar otros controles internos y los procesos de investigación, contratación y supervisión de terceros.
En contra, ha jugado que el grupo Telefónica es reincidente, porque su filial brasileña ya recibió una sanción de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) en 2019 por un caso de corrupción por los pagos de entradas para partidos del mundial de fútbol de 2014 y la Copa Confederaciones de 2013 a 127 funcionarios y otras autoridades de la administración pública brasileña.
Con todo ello, la sanción penal de 85,26 millones de dólares refleja una reducción del 20% del quinto percentil por encima del extremo inferior del rango de multa de las directrices de otro modo aplicables, según el Departamento de Justicia.
“Telefónica Venezolana eligió apoyar a un régimen corrupto para eludir las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela. Esta resolución es un ejemplo más del compromiso del Departamento de Justicia en la lucha contra la corrupción y la exigencia de responsabilidades a las empresas por su conducta delictiva, dijo la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, a través de un comunicado.
“Telefónica Venezolana, filial y agente de un emisor estadounidense, acordó llenar los bolsillos de funcionarios venezolanos corruptos para obtener acceso a divisas estadounidenses y mantener su posición en el mercado de telecomunicaciones venezolano”, dijo el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York. “Los intermediarios canalizaban los pagos de sobornos a través de cuentas bancarias corresponsales en Estados Unidos. Esta oficina no tolerará el uso y abuso del sistema financiero estadounidense para enriquecer a funcionarios extranjeros corruptos y a quienes mantienen su posición en el mercado apaciguándolos”, añadió.
