La ONG SOS Orinoco denunció en redes sociales que “la supuesta lucha del régimen contra la minería ilegal es una farsa: Todas estas son minas en plena expansión en manos de los mineros que estaban en el parque nacional Yapacana y con el visto bueno de los militares”.
Después de exponer que en la mina ilegal en bulla de oro en el sector Cárida, municipio Atabapo, en el estado Amazonas, en la cual operan 123 máquinas para extraer oro y los militares cobran 16 gramos de oro semanales por máquina a los mineros de la zona.
De julio a septiembre de 2024, la zona creció 13 hectáreas y ya habitan 1.200 personas.
La región Guayana debería, en su mayoría, ser un territorio sin minería, en virtud de la prohibición de esta actividad desde 1989 en el estado Amazonas. Mientras que en Bolívar sería permitido legalmente “en áreas bajo un régimen de administración ordinario, circunscrito a una franja al norte del estado”, explica el informe Minería Ilegal de Oro: impactos sobre los derechos humanos y la biodiversidad en la Amazonía.
De las 41 áreas bajo régimen de administración especial (Abrae), 30 son áreas naturales protegidas según el Convenio de Diversidad Biológica. Sin embargo, todas, excepto tres, están afectadas por la minería ilegal. En ninguna debe permitirse esta actividad, que es incompatible con los objetivos de esas localidades.
SOS Orinoco dice que operaciones militares son una farsa
“El tema ambiental y de protección a la biodiversidad no está en la agenda pública venezolana”, puesto que las operaciones militares para contrarrestar la minería ilegal ocasionan enfrentamientos con mineros y comunidades indígenas, que se traducen en más muertes, violaciones de derechos humanos e impactos ambientales.
En Amazonas y Bolívar, el Comando Estratégico Operacional de la FANB, con las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) implementaron las operaciones Roraima 2022, Autana 2023 y Neblina 2024.
SOS Orinoco dice que “los operativos militares parecen tener una finalidad principalmente propagandística”, que busca limpiar la imagen del régimen, debido a que no son parte de una política, plan o programa ideado por el Estado para erradicar la minería ilegal o aminorar sus impactos.
Tampoco hay esfuerzos, señala, por determinar responsabilidades detrás del lucrativo negocio de la minería ilegal y el contrabando de minerales. Especialmente porque se estima que entre 70% y 90% del oro sale del país ilegalmente, en operaciones que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial.
El régimen venezolano optó por este negocio por su rentabilidad y baja inversión relativa, inmediatez de la comerciabilidad y poca, por no decir nula, trazabilidad. “Esta fuente de recursos es manejada por una red de corrupción que no aporta ingresos al fisco nacional, sino a los actores que controlan la trama”, detallan.
