Alonso Medina director de la Coalición por los DDHH y la Democracia, señaló que la modificación de la competencia del tribunal que venía conociendo el caso de Roland Carreño y Javier Tarazona, Operación Aurora y otros muchos más, «genera una afectación importante a cada uno de los detenidos, una afectación al debido proceso, un retardo procesal determinante en estos casos, teniendo en cuenta que estaban próximos a la fase final del juicio es decir a la fase de conclusiones».
El abogado explicó que la sustracción de la competencia en materia de terrorismo trae consecuencias jurídicas muy graves, pues se debe remitir la causa a otro tribunal, se pierde todo el trabajo realizado durante el juicio y se debe arrancar de cero, pues el juez que conozca el caso debe presenciar todos los actos judiciales.
«Esta es una situación preocupante, alarmante y un acto administrativo, que podríamos catalogar con absoluto respeto, de nefasto desde el punto de vista procesal», recalcó Medina Roa.
Indicó además que las personas afectadas estaban siendo juzgadas por delitos vinculados, a la materia de terrorismo previstos en la ley contra la delincuencia organizada, competencia exclusiva que sólo tenían 3 tribunales de juicio.
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