De acuerdo con la resolución reseñada por el diario oficial El Peruano, Boluarte argumenta que hubo un menoscabo de sus competencias debido a una presunta injerencia por parte de estas dos instituciones.

Esta decisión de la mandataria peruana se produce en respuesta a una nueva investigación anunciada por la fiscalía respecto al caso «Rolexgate», que investiga a Boluarte por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito tras la compra de relojes de lujo.

Representación legal

La mandataria peruana designó al primer ministro, Gustavo Adrianzén, para que presente la demanda y la represente durante el proceso. Asimismo, dispuso que el procurador público especializado en materia constitucional represente al Ejecutivo.

Boluarte está siendo investigada por un supuesto delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que lució en sus intervenciones. La policía y la fiscalía registraron el Palacio de Gobierno y la residencia personal de la mandataria.

Los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado, según la investigación, motivo por el que la oposición liderada por el partido Perú Libre, así como otras formaciones políticas, tratan de someter a la mandataria a una moción de censura por incapacidad moral.