El teniente coronel Igbert Marín Chaparro enfrenta un nuevo proceso judicial mientras permanece privado de libertad y con un cuadro de salud que, según denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), no ha recibido la atención médica especializada solicitada por sus familiares. El militar lleva ocho años y seis meses en prisión y ya cumplió la condena correspondiente a su primera causa.
Este 8 de septiembre la dirigente opositora María Corina Machado denunció lo que calificó como un “brutal atropello” contra el oficial y advirtió que las autoridades venezolanas pretenden someterlo a un nuevo proceso que podría derivar en una condena de hasta 30 años de prisión.
Un nuevo juicio después de cumplir su condena
De acuerdo con el OVP, Marín Chaparro fue sometido el 7 de septiembre a un nuevo juicio por el denominado caso La Viñeta, proceso en el que es señalado de presuntamente organizar un ataque para exigir su liberación.
El militar fue presentado de manera clandestina en una audiencia realizada en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a las 10:00 de la noche del 1 de febrero de 2024. En esa oportunidad fue imputado por los delitos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración y traición a la patria.
Su caso se incorporó al proceso de La Viñeta dos años después de que otros presuntos involucrados fueran llevados ante los tribunales, según la denuncia del OVP.
La organización penitenciaria recordó además que Marín Chaparro cumplió su condena el 9 de septiembre de 2025, pero el tribunal militar aún no habría emitido un pronunciamiento sobre el cierre formal de su primera causa, situación que lo mantiene, según el observatorio, en un “limbo jurídico”.
Familia denuncia deterioro de su salud
A la incertidumbre judicial se suma el deterioro de la salud del teniente coronel. El OVP señala que presenta tendinitis en la muñeca izquierda, atribuida al uso prolongado de esposas, además de problemas relacionados con su presión arterial y hernias que tampoco habrían sido atendidas.
Ignell Marín, hermana del preso político, recordó que durante su permanencia en la Dgcim sufrió un episodio de hipertensión que habría provocado la pérdida parcial de la visión del ojo izquierdo. Según su testimonio, tampoco recibió atención médica oportuna por esta condición.
La familia ha solicitado en distintas oportunidades que el militar sea evaluado por especialistas, particularmente por sus problemas de presión arterial. Sin embargo, el OVP sostiene que las peticiones presentadas ante los tribunales competentes no han obtenido respuesta efectiva.
Para la organización, la situación representa una nueva vulneración de los derechos de una persona que permanece bajo custodia del Estado. El organismo recordó que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la vida, integridad y atención médica de las personas privadas de libertad.
Machado exige su liberación inmediata
La situación de Marín Chaparro también fue denunciada por María Corina Machado, quien este martes 8 de septiembre dirigió un mensaje a la comunidad internacional a través de X.
La dirigente calificó como “absolutamente injusta” la condena que el militar ya cumplió y afirmó que el nuevo proceso busca fabricar una causa judicial para mantenerlo privado de libertad y exponerlo a una pena máxima de 30 años.
Machado cuestionó además que se pretenda atribuir al teniente coronel delitos que, según su denuncia, habrían ocurrido mientras este permanecía en prisión preventiva e incomunicado.
La dirigente también hizo énfasis en el deterioro de la salud del oficial y en las denuncias realizadas por sus familiares durante los años de encarcelamiento. Al finalizar su pronunciamiento, exigió su liberación inmediata bajo el llamado: “Venezuela exige justicia”.
OVP pide acciones concretas
El caso de Marín Chaparro ocurre mientras la defensora del pueblo, Egleé González, manifestó el 7 de septiembre su disposición a revisar las situaciones de personas detenidas que padecen patologías graves.
Ante esta declaración, el OVP pidió que la institución transforme ese compromiso en acciones concretas y atienda las denuncias relacionadas con presos que requieren asistencia médica especializada.
Mientras continúa el nuevo proceso judicial, la familia de Marín Chaparro mantiene la exigencia de atención médica para el militar y reclama que se defina su situación jurídica. El caso vuelve a poner el foco sobre las condiciones de salud de las personas privadas de libertad y sobre la obligación del Estado venezolano de garantizar su integridad mientras permanecen bajo custodia.
