La justicia de Curazao ordenó a un asesor financiero de la isla pagar más de 820.000 dólares a un expresidente de Bariven, filial de Petróleos de Venezuela, por inversiones realizadas antes de la detención del exfuncionario en Venezuela por corrupción.
El juez Pieter de Kort emitió el 10 de febrero una sentencia en la que ordenó al asesor financiero, quien trabajó con la firma G-Trust Curacao BV, pagar la deuda. La persona actuó como intermediario en un acuerdo firmado en octubre de 2015, informó Crónicas del Caribe.
Aunque no se reveló el nombre del demandante por razones legales, se sabe que presidió Bariven hasta octubre de 2017, cuando lo detuvieron y acusaron por corrupción en Venezuela. Se trataría de Francisco Jiménez Yusti, quien también dirigió la refinería Isla, en Curazao.
La «fundación» del exfuncionario manejó más de 2 millones de dólares
Jiménez estuvo preso hasta noviembre de 2019. Cuando recuperó la libertad comenzó a revisar los activos que se habían manejado a través de una fundación que creó con los asesores curazoleños, llamada SPF Rafa.
A través de esa fundación, se movieron 2,35 millones de dólares, una parte de los cuales se utilizó para comprar apartamentos en Punta Cana, República Dominicana, y en Valencia, Venezuela. Sin embargo, aún faltaba encontrar 844.000 dólares.
Según Crónicas del Caribe, Jiménez Yusti y su esposa pidieron que se les pagaran 1,4 millones de dólares, más intereses, por las inversiones. Sin embargo, el juez no aceptó esta cifra porque no había suficiente documentación que respaldara su solicitud.
El juez explicó que el proceso se caracterizó por la falta de registro formal de los acuerdos entre las partes. Además, mencionó que el exfuncionario y los asesores financieros tenían trabajos bien remunerados y que su intención era ahorrar para la jubilación a través de SPF Rafa.
Aunque los asesores financieros negaron que debían el dinero, el juez señaló que no presentaron pruebas para demostrarlo. Sin embargo, encontró evidencia de que el saldo pendiente de 820.000 dólares era parte de una deuda mayor que se había depositado en bancos de Estados Unidos.
El juez también ordenó que se presentaran los documentos de compra de los apartamentos en Punta Cana, que estaban en construcción cuando se hicieron las inversiones, y se desconoce si ya se entregaron.
La firma G-Trust intentó desvincularse del caso y alegó que el asesor financiero actuó sin autorización al usar el logo de la empresa en documentos relacionados, pero el juez no aceptó esta defensa.
