El informe arrojó que la pobreza multidimensional en Venezuela alcanzó más del 50% de la población. Al menos 14,2 millones presentan necesidades críticas en diversas áreas de la vida cotidiana, mientras que la inseguridad alimentaria afecta a 5.1 millones de personas, y muchos se ven obligados a recurrir a estrategias extremas para sobrevivir.
A continuación presentamos cuatro claves sobre el más reciente informe de Human Rights Watch:
● Menos respuesta humanitaria
La organización internacional alertó que la actual crisis humanitaria que atraviesa el país “obliga a muchos a adoptar estrategias de sobrevivencia extremas”, como ajustar sus gastos diarios, aumentar la carga de trabajo, saltarse comidas, intercambiar sexo por alimentos o migrar.
Advirtió que el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU sigue “gravemente desfinanciado”, con menos de 28% de los fondos necesarios para hacer frente a la problemática actual.
El documento expone que, según datos proporcionados por Convite en marzo de 2024, al menos algunos medicamentos esenciales no estaban disponibles en el 28,4% de los dispensarios farmacéuticos del país. Este porcentaje refleja la grave situación de escasez que afecta a la población.
Mencionan también que el relator especial de la ONU considera que los factores que obstaculizan el respeto al derecho a la alimentación son las “sanciones económicas generales y la instrumentalización política de programas estatales de entrega de medicamentos”.
● 43% de la población tiene intención de migrar
Human Rights agrega que, desde 2014, casi 8 millones de venezolanos han huido del país, mientras que 43,2% de los que están dentro contemplan la posibilidad de emigrar, debido a la creciente inseguridad tras el contexto electoral y poselectoral, según encuesta presentada por Meganalisis, realizada en agosto de 2024.
El informe también constata que más de 19 mil venezolanos cruzaron el tapón del Darién, una selva en la frontera entre Colombia y Panamá, entre enero y octubre de 2024, enfrentándose numerosos riesgos, incluyendo extorsiones y grupos criminales.
La combinación de restricciones migratorias, políticas de regularización y la crisis humanitaria ha llevado a un aumento en el número de personas que optan por rutas peligrosas, de acuerdo con el informe.
● Vulneración a los derechos de la mujer
En cuanto a los derechos de las mujeres y niñas venezolanas, también denuncian que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención materna, la planificación familiar y el acceso a los anticonceptivos, sigue siendo insuficiente.
Además denuncia la opacidad informativa por parte del gobierno sobre casos de feminicidios desde 2016, mientras que la ONG Centro por la Justicia y la Paz (Cepaz) documentó 127 femicidios y 51 femicidios frustrados entre enero y septiembre.
● Desplazamiento forzado y minería ilegal
En relación con los pueblos indígenas, el informe explica que la minería ilegal y la violencia generada por grupos criminales en sus territorios continúa causando el desplazamiento forzado de esta comunidad, advierte el informe.
Los pueblos indígenas siguen “careciendo de recursos y de acceso a una alimentación adecuada” y sufren de forma desproporcionada los efectos de “malnutrición y la pobreza extrema”, de acuerdo con un experto de la ONU.
Además, la comunidad indígena enfrenta otros desafíos como la exposición a enfermedades y la degradación medioambiental, “debido a las actividades extractivas que se llevan a cabo en sus territorios”.
La organización también denunció que “las fuerzas de seguridad colaboran con mineros ilegales” proporcionándoles mercurio para la extracción de oro y atacando a civiles con un uso desproporcionado de la fuerza, despojando así a las comunidades de sus recursos.
Finalmente la organización enfatizó que la represión política iniciada antes de las elecciones del 28 de julio tras el anuncio de los resultados sin evidencia oficial que respaldara a Nicolás Maduro, continúa afectando gravemente a los venezolanos, entre ellos activistas y defensores de derechos humanos.
