Este 3 de septiembre, funcionarios de Polichacao impidieron que miembros de la Coalición Sindical llegaran hasta el Hotel Marriott en Caracas, donde se hospeda la misión diplomática de Estados Unidos, tras una protesta en rechazo a los acuerdos firmados entre Estados Unidos y la administración de Delcy Rodríguez.
A la altura de la calle Mohedano, los funcionarios instalaron un piquete que los dirigentes intentaron pasar a la fuerza.
“Veníamos de manera pacífica y nos respondieron con armas y navajas, están sofisticados para la represión”, aseguró Carlos Salazar, coordinador nacional de la Coalición Sindical, quien mostró una herida en un brazo.
El sindicalista cuestionó a los funcionarios por la supuesta “represión” de la que fueron víctimas: “¿Saben qué están defendiendo ellos? A Alejandro Betancourt”, sentenció.
Reclamos de la Coalición
La Coalición Sindical se pronunció en contra del acuerdo energético suscrito entre la administración interina de Delcy Rodríguez y el Gobierno de Estados Unidos, calificándolo de “inconstitucional”.
Fernando Giménez, abogado de la Coalición, expresó que ellos prefieren un contrato laboral antes que un contrato petrolero.
“Nosotros queremos que se llevaran a los chavistas y nos dejaran el petróleo. Ellos lo que están haciendo es llevarse el petróleo y nos están dejando a los chavistas”, dijo Giménez.
La secretaria general del sindicato del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, Lina Mantilla, tomó la palabra para pedir elecciones y le aseguró al presidente Donald Trump que Venezuela sí está preparada para unos comicios electorales.
Por su parte, Jesús Jaramillo, coordinador de Jubilados y Pensionados de la Coalición, respondió a Trump: “Así como tuvo la ligereza para hacer la negociación, usted también téngala para elegir los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y los miembros del CNE, y para que de una vez nosotros entremos a elecciones, entremos en democracia, entremos en libertad”.
Finalmente, Estela Romero, miembro de la Coalición Sindical del estado Vargas, afirmó que el acuerdo energético firmado es contrario al artículo 12 de la Constitución Nacional y también a la propia ley de Hidrocarburos.
“Nuestra Constitución establece que los hidrocarburos existentes en el país son de dominio público, es decir, son de todos los venezolanos. No son de los hermanos Rodríguez y ellos no tienen ni cualidad jurídica, ni administrativa, ni ninguna para suscribir acuerdos petroleros”, insistió.
