El abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres cumplió cuatro meses detenido en El Helicoide, una de las sedes en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Torres fue arrestado el 9 de mayo en los alrededores del conjunto residencial Parque Central tras salir de una reunión, y desde entonces permanece incomunicado.
No se ha celebrado la audiencia preliminar, a pesar de que la convocaron en dos oportunidades. El detenido tampoco ha tenido derecho a recibir visitas.
Un reportaje publicado por Tal Cual señala que no se le permite designar un abogado de confianza.
Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, dijo al medio digital que ante las violaciones de los derechos de Eduardo Torres, la ONG introdujo una acción de amparo, pero la declararon inadmisible.
«Apelamos y está en la Sala Constitucional, pero desde el 12 de mayo también hay un habeas corpus y no ha habido ninguna acción. Ni siquiera han cumplido con lo obligatorio por ley, como notificarle a la Defensoría del Pueblo», señaló Alvarado.
La primera audiencia de Torres la suspendieron sin justificación, y la segunda convocatoria, prevista para el 8 de septiembre, tampoco se realizó.
Al juez a cargo del caso de Eduardo Torres lo habría detenido el Sebin
Provea conoció de manera extraoficial que al juez a cargo del caso, Ángel Betancourt Martínez, lo detuvo el Sebin.
Alvarado denunció que el abogado mantiene un estatus de preso político sometido a aislamiento prolongado, situación que constituye una forma de trato cruel.
Los familiares saben que Torres se encuentra en El Helicoide porque agentes reciben allí la paquetería que envían los viernes.
Patrón sistemático de persecución
El coordinador de Provea aseguró que la detención de Eduardo Torres forma parte de un patrón sistemático de persecución contra la disidencia y los defensores de derechos humanos.
El Ministerio Público acusó a Torres de «usar talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia y propagar mensajes de odio hacia las autoridades del Estado».
«Con su detención intentaron silenciar a Provea, pero no lo han logrado ni lo van a lograr», afirmó Alvarado.
«En mayo teníamos 19, luego se extendieron a 23. Eduardo acompañaba directamente a las familias. Su detención es un mensaje de intimidación, pero seguimos acompañando a los detenidos y sus allegados», agregó.
«Todos los detenidos políticos pasan por desaparición forzada al momento de su captura. Eso constituye trato cruel contra el preso y contra la familia», expresó.
