Una semana después de la brutal represión policial contra una protesta en Argentina, siguen en prisión cinco de las 33 personas que fueron detenidas durante esa jornada, en tanto que se multiplican las denuncias a nivel nacional e internacional en contra del Gobierno del presidente Javier Milei.
La noche del martes se dictó la falta de mérito en favor de 11 detenidos que quedaron liberados y que se sumaron a los 17 que ya habían salido el pasado viernes.
Sin embargo, familiares y organismos de derechos humanos continúan en la lucha para liberar a Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez, los cinco manifestantes que todavía no han logrado la excarcelación.
El pasado 12 de junio, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases lacrimógenos, a palazos y con detenciones arbitrarias a quienes protestaban afuera del Congreso en contra de la Ley Bases, un proyecto fundamental para Milei, que en ese momento se debatía en el Senado.
Para justificar la represión, el presidente, los miembros de su gabinete y periodistas oficialistas aseguraron que los manifestantes eran «terroristas» que querían cometer «un golpe de Estado», sin embargo, los manifestantes en ningún momento promovieron el derrocamiento de Milei, ni tienen la organización y respaldo policial o militar para que ello ocurra.
Entre ellos, se encontraban estudiantes universitarios, docentes y un músico, e incluso vendedores ambulantes que ni siquiera participaban en la protesta y solo estaban trabajando.
Causas
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos del país sudamericano, que cuentan con una solidez organizativa que comenzó a construirse durante la última dictadura militar (1976-1983), no se amedrentaron y actuaron desde el primer momento.
Para ello realizaron marchas, comunicados, activismo en redes sociales y estrategias legales, tanto para liberar a los detenidos como para denunciar a las autoridades.
