La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de Wilder Anderson Vásquez Velásquez, Maurimal Carolina Solórzano Armas, Freddy Manuel Alvarado Castillo, Pedro Rolando Maldonado Marín y Felipe Santiago Contreras Caldera, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela.
La resolución que favorece a las cinco personas presas en Venezuela fue adoptada el pasado 26 de agosto y dada a conocer este 1 de septiembre. Los cinco detenidos se encuentran en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.
Según las solicitudes, las personas beneficiarias permanecen en condiciones inadecuadas de detención, con restricciones para el contacto con sus familiares y abogados defensores, y sin acceso a atención médica oportuna para sus problemas de salud físicos y psicológicos, pese a las gestiones realizadas a nivel interno.
La CIDH informó que no recibió información sobre estos casos por parte del Estado venezolano y con base al artículo 25 de su Reglamento, solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias.
De igual manera, instó a las autoridades a facilitar la comunicación regular de las personas beneficiadas con sus familiares y abogados.
Los beneficiarios
Wilder Anderson Vásquez Velásquez. Es activista y fundador del Movimiento Unión Social, tiene 32 años. Lo vinculan al denominado “Caso Drones”. En 2022, según la información aportada por los solicitantes a la CIDH, fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento en el delito de terrorismo. Argumentan que ya cumplió su sentencia, pero no han tenido acceso a la boleta de excarcelación.
Maurimal Carolina Solórzano Armas, de 25 años, y Freddy Manuel Alvarado Castillo, de 24 años. Los dos estudiantes fueron apresados en junio de 2025 en el Puesto de Atención Ciudadana de Peracal, estado Táchira. Durante más de cuatro meses permanecieron en “desaparición forzada” bajo custodia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Están acusados de delitos de terrorismo, asociación para delinquir y obstrucción a la justicia.
Pedro Rolando Maldonado Marín. Tiene 48 años y se desempeñó como presidente ejecutivo de la Corporación Venezolana de Guayana. El 30 de marzo de 2023 se encontraba en la sede de la empresa en Puerto Ordaz y fue arrestado junto con ocho compañeros de trabajo, sin orden judicial. En septiembre de 2025 fue imputado por los delitos de traición a la patria, legitimación de capitales, apropiación o distribución del patrimonio público, evasión de procedimientos, controles o restricciones en licitación, concierto para la celebración de contratos y asociación para delinquir.
Felipe Santiago Contreras Caldera. Tiene 51 años, es abogado y fue vicepresidente del Sector de Hierro y Acero de la Corporación Venezolana de Guayana entre 2018 y 2023. Fue detenido el 30 de marzo de 2023 en las instalaciones de la estatal, en el estado Bolívar. Se le imputan los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, evasión de procedimientos, controles o restricciones en licitaciones, concierto para la celebración de contratos, legitimación de capitales y asociación.
