La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre regulaciones estatales que podrían limitar la labor de las ONG y afectar el fortalecimiento democrático en la región.
La CIDH señaló que, aunque los Estados pueden establecer regulaciones sobre registro, supervisión y control de las organizaciones, estas normas no deben convertirse en instrumentos para intimidar o silenciar a quienes defienden los derechos humanos.
“Los requisitos legales no deben ser arbitrarios ni desproporcionados”, advirtió.
Entre las prácticas que preocupan a la CIDH se incluyen el uso abusivo del sistema judicial con fines intimidatorios, la vigilancia mediante tecnologías, los discursos estigmatizantes y las campañas de difamación que etiquetan a las ONG como “enemigas del Estado” o “traidoras de la patria”.
Estas acciones, según la comisión, pueden crear un clima de temor y fomentar la autocensura en las organizaciones.
Recordó que la asociación ciudadana es un elemento fundamental de la democracia, reconocido en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Y que los Estados tienen la obligación de mantener un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos.
La CIDH instó a la comunidad internacional y a los actores de cooperación a fomentar la participación ciudadana como mecanismo para fortalecer la democracia y garantizar el respeto de las libertades civiles.
