Según César Zapata, recientemente nombrado comandante general de la Policía Nacional, desde el 12 de octubre, en que se inició el operativo policial por las elecciones hasta el mediodía de este domingo se incautaron 55 armas de fuego, se decomisaron 66 armas blancas, se retuvo 84 vehículos y se recuperaron otros 69.
Además se emitieron 193 citaciones, la mayoría por consumo de bebidas alcohólicas, pues desde el mediodía del pasado viernes y hasta el mediodía de este lunes rige en Ecuador la llamada «ley seca», que prohíbe la venta y consumo de licores y otros productos con contenido alcohólico.
En una rueda de prensa, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó de que el proceso electoral hasta el mediodía se desarrollaba «con normalidad», con escasas novedades.
«El alma de la democracia son las elecciones, esperamos que los ecuatorianos de manera masiva ejerzan su derecho al voto», dijo.
Entre las novedades de la jornada, el ministro comentó que en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe hubo un faltante de 100 papeletas en el recinto Río Canchis.
«De este evento se notificó a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional», mientras que en la provincia de Sucumbíos, también en la Amazonía, el ciudadano Juan Carlos P. «ingresó 14 papeletas rayadas al recinto electoral Abdón Calderón de Palma Roja».
«Aquí se procedió a la aprehensión del sujeto por el posible delito de fraude procesal, él cumplía la función de Secretario de la Junta 1», detalló.
En tanto, en Quito se registraron dos amenazas de bomba, que resultaron falsas.
Más de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas para elegir entre Noboa, de la Alianza Democrática Nacional (ADN), y González, del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), a quien completará el período de hasta mayo de 2025.
Los ecuatorianos llegaron a los comicios extraordinarios después de que en mayo pasado Lasso disolviese la Asamblea Nacional en momentos en que ésta se disponía a votar en un juicio político de censura en el que se acusaba a Lasso de presunta malversación, que él niega.
Al disolver el Parlamento, Lasso invocó el mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada» y forzó la convocatoria de este proceso electoral excepcional, reduciendo al mismo tiempo su propio período de gobierno.
