El Bloque Constitucional de Venezuela alertó que 99% de los jueces del país se encuentran actualmente en condición de provisorios, una situación que, según la organización, afecta la independencia del Poder Judicial y ha convertido al sistema de justicia en una herramienta de persecución política.
La denuncia fue presentada durante la Primera Asamblea Extraordinaria de Abogados de Venezuela, convocada por el Bloque Constitucional y los colegios de abogados del país para analizar la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la reforma de su Ley Orgánica, en el marco del proceso de diálogo que adelanta la Mesa Técnica de Negociación.
Alejandro González Valenzuela, secretario ejecutivo del Bloque Constitucional, informó que la organización inició en mayo de 2026 un proyecto de auditoría al sistema judicial, cuyos primeros resultados, según afirmó, evidencian un deterioro institucional.
«En el primer informe sobre el sistema de justicia que levantamos en el año 2018, constatamos con gran preocupación que el 85% de los jueces eran provisorios. En la actualidad esa cifra asciende al 99%», señaló González Valenzuela.
El jurista indicó que esta situación contradice el artículo 255 de la Constitución, que establece que el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces deben realizarse mediante concursos públicos de oposición.
González Valenzuela sostuvo que la falta de estabilidad de los jueces provisorios puede comprometer su autonomía e independencia y favorecer, según su denuncia, el uso de la justicia para perseguir a la disidencia política, validar decisiones arbitrarias y garantizar impunidad en determinados casos.
Denuncian cuatro etapas de deterioro institucional
El secretario ejecutivo del Bloque Constitucional describió cuatro etapas en lo que calificó como un proceso de «desdemocratización y autocratización» del país a través del sistema de justicia.
La primera, entre 2000 y 2007, correspondió a la denominada «colonización de la justicia». Posteriormente, entre 2007 y 2012, identificó una etapa de «captura del Estado por la gran corrupción».
Entre 2012 y 2018, González Valenzuela ubicó la «cooptación institucional», período en el que, según su exposición, los jueces titulares comenzaron a convertirse en una minoría. Desde 2018 hasta la actualidad, describió una fase de «reconfiguración copada de las instituciones», en la que solo 1% de los jueces serían titulares.
«Es evidente que para un Estado como este no basta la reinstitucionalización, debe ser refundado», afirmó.
Respaldan diálogo para reformar el TSJ
Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y jefa de la delegación negociadora en la Mesa Técnica de Diálogo, afirmó que la reinstitucionalización del TSJ fue el primer punto abordado en las conversaciones, seguido por asuntos electorales, derechos políticos y civiles y libertad de expresión.
Figuera, quien participó desde Madrid, pidió a los abogados incorporarse activamente al proceso y presentar propuestas para contribuir a la construcción de un sistema democrático.
Por su parte, Juan Miguel Matheus, diputado de la AN de 2015 e integrante de la delegación negociadora, planteó la necesidad de «constitucionalizar los fenómenos políticos» para avanzar hacia la democratización.
El Bloque Constitucional, sin embargo, cuestionó la reforma aprobada el 21 de agosto de 2026, que elevó de 20 a 32 el número de magistrados del TSJ, al considerar que no existe una justificación técnica y sustantiva para ese incremento.
También criticó la incorporación de diputados al Comité de Postulaciones y sostuvo que esa medida contradice el artículo 270 de la Constitución.
Piden liberar a presos políticos
Durante la asamblea, los abogados exigieron la libertad inmediata de Perkins Rocha, miembro del Bloque Constitucional y detenido por razones políticas, así como la excarcelación de todos los presos políticos.
Figuera reconoció que la liberación de los detenidos no formaba parte inicialmente de la propuesta presentada en la tercera fase del proceso de diálogo, pero afirmó que la delegación mantiene el compromiso de impulsar la salida de todos los presos políticos.
La dirigente informó además que la segunda mesa de diálogo se reanudará el 15 de septiembre y convocó a los colegios de abogados a establecer una agenda de reuniones con los delegados de la AN de 2015 para ampliar la participación de distintos sectores en las conversaciones.
