La Asamblea Nacional (AN), de amplia mayoría chavista, tiene previsto iniciar este jueves 27 de agosto la discusión de una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de los acuerdos alcanzados con representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Según reseña de La Patilla, el proyecto figura como principal punto de la sesión extraordinaria convocada para las 11:00 de la mañana y contempla la primera discusión de la modificación legal. El proceso está vinculado con el acuerdo suscrito el pasado 12 de agosto entre las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera.
Según lo establecido en ese documento, las partes acordaron promover cambios a la Ley del TSJ, renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales y abrir un nuevo proceso para la postulación y designación de los magistrados del máximo tribunal. También se planteó la creación de un consejo encargado de revisar las credenciales de los aspirantes.
Los acercamientos entre ambas delegaciones comenzaron el 18 de junio, cuando Figuera regresó a Venezuela y sostuvo una reunión con Rodríguez en el Palacio Federal Legislativo. Tras ese encuentro se acordó instalar una “mesa técnica y política paritaria” para abordar asuntos relacionados con el fortalecimiento institucional y democrático.
El proceso de negociación se formalizó el 6 de agosto, cuando las delegaciones iniciaron un primer ciclo de trabajo. En esa etapa acordaron principios como la negociación de buena fe, la búsqueda de una solución política, pacífica, democrática y constitucional, el reconocimiento recíproco, la igualdad política, el trato paritario y mecanismos para verificar el cumplimiento de los compromisos.
El primer ciclo concluyó el 12 de agosto con dos mesas técnicas. Una estuvo centrada en la atención de la emergencia ocasionada por los terremotos y la otra en asuntos relacionados con la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral.
Además de la reforma de la legislación que regula al TSJ, el entendimiento contempla abordar aspectos vinculados con la institucionalidad electoral y establecer mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los acuerdos. Estados Unidos ha expresado su respaldo al proceso de conversaciones entre las partes.
