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El secretario de Seguridad Ciudadana del estado Barinas, general Giuseppe Cacioppo, confirmó la destitución de Elvis Macuare Guerrero como director del Internado Judicial de Barinas (Injuba), luego de las protestas y denuncias el domingo en el recinto penitenciario.

El funcionario informó que la medida fue tomada a raíz de la crisis en el penal, donde familiares y detenidos denunciaron abusos, agresiones físicas y violaciones de derechos humanos contra la población reclusa.

La situación generó tensión en el centro penitenciario y en los alrededores.

Cacioppo aseguró que la salida de Macuare Guerrero se produjo tras la evaluación de lo ocurrido en el Internado Judicial de Barinas.

El funcionario admitió que estuvo “mal hecho” lo sucedido en el recinto y señaló que las denuncias relacionadas con presuntas torturas y malos tratos serán investigadas por las autoridades.

“Cuando esto se normalice vamos a solicitar un médico forense para que evalúe a cada uno. Si una persona denunció que fue torturada, el médico forense hace la evaluación y se apertura la investigación”, expresó.

Fiscalía anuncia investigación

La Fiscalía anunció este lunes la apertura de una investigación penal en relación con la protesta protagonizada el domingo por los presos de Injuba.

En comunicado en Instagram, el Ministerio Público indicó que «desde el momento que se tuvo conocimiento» de la protesta, la fiscal superior de Barinas, junto con otros dos funcionarios adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, se presentó en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto.

«Se ha comisionado a la Fiscalía 49° Nacional con competencia plena en materia de derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo sucedido y determinar sus causas», añadió.

La crisis en el Injuba ocurre en medio de reiteradas denuncias sobre las condiciones del sistema penitenciario venezolano. Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) han advertido durante años sobre problemas de hacinamiento, deficiencias médicas, restricciones de visitas y presuntos casos de violencia institucional en centros de reclusión del país.

Fuente : El Nacional 

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