Las organizaciones Espacio Público, Alerta Venezuela y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB denunciaron la negativa del Ministerio Público a procesar una solicitud de información pública sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero de este año.
Las ONG explicaron que la petición se realizó en el marco del derecho constitucional a la contraloría social y al acceso a la información pública, amparado en la Constitución venezolana y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
El requerimiento incluía datos detallados sobre la ejecución de la ley, entre ellos el número de boletas de excarcelación emitidas, personas beneficiadas por medidas cautelares, distribución de casos por estados, y estadísticas de solicitudes aprobadas, improcedentes o inadmisibles, además de denuncias por retrasos en su aplicación.
Según la comunicación oficial del Ministerio Público, la solicitud fue rechazada al considerar que no se expusieron los motivos de interés público suficientes para justificar la entrega de la información solicitada.
En paralelo, una comisión especial de seguimiento a la Ley de Amnistía había reportado recientemente que al menos 8.616 personas han sido beneficiadas por esta normativa desde su entrada en vigor, de acuerdo con datos oficiales divulgados previamente.
Las organizaciones civiles insisten en que la falta de datos desglosados impide evaluar la transparencia y efectividad de la implementación de la ley, en un contexto donde persisten dudas sobre su alcance real en el sistema judicial venezolano.
Fuente : El Nacional
