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El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó este martes una actualización ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela. En su intervención, el funcionario expresó profunda preocupación por el continuo deterioro de las garantías fundamentales en el país.

“Desde mi última actualización en junio, la situación en Venezuela no ha mejorado. Seguimos viendo restricciones generalizadas a la libertad de expresión y de reunión pacífica; detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; así como una grave tensión social y económica”, dijo en su discurso.

Türk destacó la intensificación del cierre del espacio cívico y que la vida pública se militarizó aún más, lo que eleva el riesgo de violencia en una sociedad con altos niveles de criminalidad.

“En septiembre y noviembre, el Gobierno aprobó leyes que se otorgan poderes de emergencia ampliados, alegando amenazas externas. El contenido de estas nuevas leyes permanece inédito, lo que las protege del escrutinio y dificulta cualquier evaluación de su compatibilidad con el derecho internacional”, agregó.

Dijo también que su Oficina recibió reportes de reclutamientos coercitivos en la Milicia Bolivariana, incluidos adolescentes y personas mayores y que las autoridades promueven denuncias de ciudadanos contra familiares, vecinos y colegas a través de una aplicación móvil estatal.

“Esta práctica genera miedo, desconfianza y autocensura. Además, leyes de supervisión de ONG obstaculizan el trabajo libre de la sociedad civil. Periodistas, defensores de derechos humanos, figuras opositoras y trabajadores humanitarios enfrentan amenazas, acoso y riesgos de detención arbitraria”, añadió.

Türk lamentó que muchos profesionales huyan del país por intimidación. “Sigo profundamente preocupado por las condiciones de detención, con la persistente falta de alimentos y medicamentos y la denegación de visitas familiares. Estas condiciones afectan a los detenidos tanto física como mentalmente y, en algunos casos, incluso a la vida”, expresó de la misma manera.

Informó que su Oficina documentó al menos cinco fallecimientos relacionados con las detenciones postelecciones presidenciales de 2024, incluido el opositor Alfredo Díaz. “Aumentaron traslados a lugares desconocidos, algunos equivalentes a desapariciones forzadas, y detenciones incomunicadas en centros como El Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro”, dijo.

El alto comisionado reconoció la liberación de al menos 51 personas desde junio, pero urgió la puesta en libertad incondicional de todos los detenidos arbitrariamente, entre ellos figuras como Rocío San Miguel, Javier Tarazona y otros.

Expresó preocupación por el impacto humanitario de la presión militar estadounidense en la región y reiteró llamados a levantar sanciones sectoriales que afectan a vulnerables. “La sociedad venezolana necesita sanar. Necesita justicia y derechos humanos para superar la polarización y reparar su tejido social y económico”, afirmó Türk.

Lamentó igualmente que su Oficina ya no cuente con personal internacional en Venezuela por falta de cooperación gubernamental, pese a esfuerzos por restaurar presencia, luego de que el Gobierno de Maduro expulsara a sus representantes en febrero de 2024.

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