El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción que regirá por 60 días en cantones de ocho provincias del país, a partir de este jueves 3 de octubre.
La medida abarca a cantones de ocho provincias, lo que incluye a Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Orellana, el distrito de Quito y el cantón Camilo Ponce, en Azuay.
Es la primera vez en que la capital del país volverá al estado de excepción por motivos de seguridad, desde el pasado abril, cuando terminaron los 90 días bajo esa medida producto de un decreto del pasado enero.
Estos territorios ya eran parte del anterior estado de excepción decretado por Noboa que ha estado vigente durante los últimos tres meses, con la novedad de que ahora se le suma Quito, por «el incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados», según el decreto presidencial.
«La decisión presidencial se toma para fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en función de defender la soberanía e integridad del Estado, seguridad ciudadana y orden público», resalta el comunicado oficial de la Presidencia.
En las zonas abarcadas por este estado de excepción, y durante los sesenta días de vigencia que tendrá en principio, quedan suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, así como la libertad de reunión.
Noboa declara el toque de queda para 20 localidades
La resolución de Noboa también incluye el toque de queda en 20 localidades, de 10:00 pm a 05:00 am, también por 60 días.
“Las personas que circulen durante el horario temporal de restricción serán puestas a órdenes de las autoridades competentes”, señala el decreto.
Sin embargo, del toque de queda quedan exentos los servicios de salud pública, servicios de logística, servicios de emergencia vial y otros de sectores esenciales.
Esta extensión de medidas se dan en el marco de la declaratoria por parte de Noboa de «conflicto interno armado», con la que el presidente ordenó al Ejército restablecer el orden en las calles.
Esa decisión se produjo después de que el 9 de enero al menos 11 personas murieron por la violencia que sacudió a Ecuador, cuando bandas criminales azotaron varias localidades del país.
