Donald Trump se ha convertido en lo que en Estados Unidos se denomina un «criminal convicto» (felon). Un jurado popular de doce personas le ha declarado culpable de todos y cada uno de los 34 delitos de falsedad documental, fraude fiscal y violación de las leyes que regulan las campañas electorales por el pago de 130.000 dólares (exactamente, 120.000 euros) a la actriz pornográfica Stormy Daniels para que ésta mantuviera en secreto la relación sexual que ambos tuvieron en 2006.
Los pagos fueron mantenidos en secreto para evitar que la opinión pública los conocería en un momento, 2016, en el que Trump estaba compitiendo por la presidencia como defensor de los valores tradicionales. Además, fueron disfrazados de gastos profesionales para no declararlos a Hacienda ni para computarlos como gastos de campaña, en cuyo todo el escandalo hubieran sido hechos públicos.
En teoría, las 34 acusaciones podrían acarrear cuatro años de cárcel para Trump, aunque ese cálculo depende de cómo se computen los delitos. Aparte, está lo que decida el juez Juan Merchan, que ha presidido el caso. Los delitos por los que Trump ha sido declarado culpable no suelen ser condenados con cárcel en Nueva York, y menos aún cuando, como en el caso del ex presidente, se trata de la primera vez que el acusado los comete. Sin embargo, la fiscalía centró sus esfuerzos durante las cinco semanas del juicio en tratar de demostrar que lo que hizo Trump con Daniels era parte de una estrategia consistente y mantenida en el tiempo. Para ello, llevó a declarar a la modelo de ‘Playboy’ Karen McDougal, con la que el presidente tuvo también una relación y a la que pagó a cambio de su silencio, y al editor de la revista National Enquirer, David Pecker, que era quien se encargaba de silenciar a golpe de talonario a las amantes de Trump.
Merchan anunciará la pena que impone a Trump el 11 de julio, apenas una semana antes de la Convención del Partido Republicano en la que el ex presidente será nominado como candidato a las elecciones del 5 de noviembre. A partir de ese momento, el condenado podrá apelar la sentencia en el estado de Nueva York, en el que hay dos instancias judiciales por encima del tribunal de Merchan. Dado que Trump siempre agota las vías legales a su disposición, no hay duda de que recurrirá. Eso significa que no habrá una sentencia definitiva, casi con total seguridad, hasta 2025. Para entonces, Trump podría ser presidente de nuevo. Pero no tendría la potestad de perdonarse a sí mismo por estos 34 delitos, dado que este caso es competencia de un estado – Nueva Yok – y, en el sistema estadounidense, el jefe del Estado y del Gobierno solo puede perdonar los delitos cometidos contra la Justicia federal, no la de los estados.
Trump, conforme a lo que es habitual en él, reaccionó atacando a la Justicia. Y, también, a la inmigración ilegal. Declaró que el fiscal del distrito de Manhattan, Avin Bragg, que ha dirigido el caso,»tiene el apoyo de [George] Soros», el filántropo y financiero que es la ‘bestia negra’ de los movimientos ‘ultra’ del mundo, ha afirmado que el juicio estaba «amañando», y que el proceso había sido «una desgracia». El ex presidente, y candidato republicano a la presidencia en las elecciones de noviembre, ha añadido que «lucharemos hasta el final y venceremos», precisamente, en los comicios, en los que las encuestas le sitúan como favorito. Ese día llegará «el veredicto de verdad», añadió el condenado, que, dijo, «soy un hombre muy inocente».
Trump hizo esas declaraciones a la salida del juzgado, minutos después de conocer el dictamen del jurado. Y aprovechó los momentos ante las cámaras para lanzar un breve mitin político al volver a repetir que «no tenemos un país», y que «millones y millones de gente están entrando en el país directamente desde las cárceles y los manicomios» del mundo. La idea de que los países del mundo están vaciando sus instituciones penitenciarias y centros de salud mental y enviando a los internos a EEUU como inmigrantes ilegales ha sido repetido en varias ocasiones por Trump en esta campaña electoral. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano ‘trumpista’ Mike Johnson, también repitió que el Gobierno de Joe Biden ha politizado la acción de la Justicia. No hay ningún indicio de que ése sea el caso. Ni siquiera Trump ha sido capaz de ofrecer ninguna muestra de ello.
Trump tiene otros tres juicios pendientes, pero ninguno se va a celebrar antes de las elecciones, debido en buena medida a la actitud de bloqueo Aileen Cannon, la jueza republicana de Florida que dirige el caso del robo de los documentos con secretos de Estado por el presidente, y a la lentitud con la que los jueces conservadores del Supremo se están tomando responder a un recurso presentado por el ex presidente.
FUENTE: EL MUNDO
