La vicepresidenta ecuatoriana, Verónica Abad, acusó este lunes al Gobierno del presidente Daniel Noboa de ejercer «abuso de poder» en su contra y de pretender destituirla de su cargo a partir de diversos artificios, que, en su decir, incluyen casos de «lawfare» y evaluaciones injustas a su desempeño como delegada de paz en Israel.
«Hoy quieren destituirme a cuenta cabal, inventándome ahora el tema a través del (Tribunal) Contencioso Electoral que ya están levantando para declararme infidente a mi cargo. ¿Qué buscan? Están buscando nuevamente hacer una investigación hacia la vicepresidencia con el tema del tráfico de influencias», sostuvo la funcionaria en una entrevista concedida a La Hora.
Abad recalcó que al referirse al «abuso de poder» hablaba «directamente del Gobierno», tanto a nivel de ministros como del presidente Noboa, al ser «la cabeza» de esa administración con la que, aseguró, ha intentado tender puentes para evitar la confrontación directa.
«No es necesario llegar a esto. En este momento, pasó todo límite, porque hay un límite para hacer la política (…). Hoy han pasado el límite, se han extralimitado de lo que deben ser ellos como guardadores de la democracia que tiene Ecuador», alegó.
Del mismo modo, la vicemandataria afirmó que el Ejecutivo ha mostrado «desinterés» de su labor en Tel Aviv, aunque en data reciente se le solicitó un informe sobre sus actividades en el país hebreo que sería evaluado por la Cancillería, en interés de comprobar si había cumplido cabalmente con sus funciones.
«El día viernes (10 de mayo) llegó a mi bandeja una carta de la Secretaria Jurídica de Presidencia hacia la canciller para que pueda enviar un informe que envío desde el mes de diciembre todos los meses, puntualmente, con todas las actividades que hago (…). Seguramente no voy a pasar el examen, porque no he podido declarar la paz entre Gaza e Israel», relató.
Abad también fue consultada sobre el proceso judicial que se le sigue a su hijo, Sebastián Barreiro Abad, a quien la Fiscalía sindica de estar implicado en un caso de corrupción por contrataciones irregulares en la Vicepresidencia, pero que ella define como un caso de «lawfare» donde han quedado en evidencia tanto la falta de pruebas de la acusación como el uso de tácticas para dilatar el juicio.
«Lo he denunciado, lo vuelvo a hacer: es un «lawfare», es una persecución. Y ahora lo puedo decir con hechos. Todo lo que ha estado viviendo Ecuador después de este trágico y penoso episodio, es contrario totalmente a los valores y principios que yo he representado», aseveró.
Del mismo modo, señaló que esta causa ha avanzado «con casi nada de pruebas» y se ha caracterizado por «un atropellamiento, un abuso de poder de (los) fiscales y una fuerza institucional» que acabó por enviar a Barreiro (al que se refirió como «un joven») a la cárcel de máxima seguridad La Roca y demostraría que en el país suramericano ya no se vive «en un Estado de derecho».
«Eso es peligroso, porque hoy, mi hijo es el primer perseguido político y encerrado en una cárcel por… ¿qué es lo que tienen? (…) Las cenizas de un documento, ¿usted cree que puede ser una prueba?», replicó.
