La provincia de Esmeraldas, en Ecuador, está en alerta tras registrarse una sucesión de eventos violentos que incluyeron un tiroteo en las inmediaciones de una escuela primaria, vehículos quemados, un motín carcelario y atentados con explosivos contra instalaciones públicas y gasolineras.
Durante la mañana de este martes se informó de la quema de dos unidades de transporte público, a lo que se sumó la explosión de tres vehículos particulares en distintos puntos de la ciudad, recogen medios locales.
Usuarios de las redes sociales refirieron que uno de los autobuses fue incendiado en las proximidades de una terminal terrestre local, cuyas salidas se suspendieron por razones de seguridad.
El ente acusatorio rechazó en un comunicado el ataque contra sus instalaciones en Esmeraldas e informó que una persona resultó herida «por la explosión de una bomba molotov».
En el interés de asegurar a sus trabajadores, el organismo notificó que el resto de la jornada estaría operando bajo la modalidad de teletrabajo y conminó a las autoridades policiales a actuar «con firmeza en contra de la violencia y la criminalidad», a través de acciones que le permitan desarrollar sus labores «en paz y tranquilidad».
Posteriormente, la Policía Nacional informó que habían sido capturados los presuntos responsables de los ataques. La operación implicó el decomiso de un número no precisado de tacos de dinamita, así como la recuperación de tres motocicletas robadas y el rescate de un integrante de la fuerza que había sido retenido por los perpetradores.
A media mañana, 15 guías penitenciarios y dos funcionarios policiales fueron retenidos en el Centro de Privados de Libertad CLP Nº 2 de Esmeraldas, al tiempo que los reos quemaban neumáticos y otros objetos.
De acuerdo con los medios ecuatorianos, ese centro de reclusión está controlado por el grupo delincuencial Los Tiguerones, sobre quienes la Policía Nacional ejerce presión con sendos operativos en las zonas de El Coral y La Guacharaca.
En Guayaquil, algunos ciudadanos usaron las redes sociales para denunciar una oleada de ataques perpetrados por delincuentes contra conductores de vehículos particulares en el sector Isla Trinitaria, al sur de la ciudad.
En otro punto de la urbe, un grupo de asalto lanzó una bomba incendiaria contra un autobús lleno de pasajeros. En registros audiovisuales de testigos se asegura que todos lograron escapar sin daños.
Datos oficiales indican que al cierre de 2022, Ecuador registraba el año más violento de su historia, al acumular 4.823 homicidios intencionales, lo que equivale a 26,68 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Las estimaciones indican que en 2023 esa cifra podría ascender hasta los 40 homicidios por cada 100.000 personas.
Entre tanto, los numerosos estados de excepción e intervenciones de la fuerza pública implementados por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso no han impedido que en las últimas semanas los motines carcelarios y la violencia delictiva se incrementaran sensiblemente.
Tres días consecutivos de motines en la Penitenciaría de El Litoral, ubicada en la provincia de Guayas, se saldaron con al menos 31 reos fallecidos y 14 heridos, a lo que siguió la declaratoria de un estado de excepción por 60 días en todas las cárceles del país «por grave conmoción interna» y la toma de las instalaciones por parte de efectivos castrenses la mañana del martes.
A lo antes dicho se suma que Lasso promulgó otro decreto para amparar bajo régimen de excepción a las provincias de Manabí y Los Ríos, tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago.
Intriago, quien fue víctima de un ataque armado, falleció en el acto, mientras que el resto de sus acompañantes recibieron heridas que ameritaron su ingreso en centros de salud, donde permanecen bajo custodia. A la víspera se confirmó el deceso de otra persona.
Una semana atrás fue ultimado en Esmeraldas el político Rider Sánchez, candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador para las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto. En la misma provincia, el 13 de junio pasado, desconocidos atentaron contra el concejal Jairo Olaya Ordóñez, quien pereció cuatro días más tarde a consecuencia de sus lesiones.
No se trata de una situación inédita. En la campaña de las elecciones seccionales celebradas en febrero, una decena de aspirantes sufrieron ataques, dos de ellos con resultado fatal.
