El Estado venezolano rechazó este martes la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de autorizar la reanudación de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, por lo que recurrirá ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal.
A través de un comunicado La Cancillería denunció la intención de Estados Unidos de buscar un cambio de gobierno en el país.
«La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su desacuerdo con la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (…) Venezuela ha denunciado la intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos, vinculados con la estrategia de “cambio de régimen” impulsada por las autoridades de los Estados Unidos de América»
En el escrito, difundido por Twitter, el Ejecutivo «lamenta que esta decisión se preste para alentar y contribuir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser de la CPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional, a pesar de toda la información que ha sido puesta a su disposición».
El Gobierno venezolano niega que en el país se hayan registrado crímenes de lesa humanidad.
«Como parte de esa estrategia, operadores políticos nacionales e internacionales han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido, a partir de la deliberada manipulación de un reducido conjunto de delitos contra los derechos humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados por las autoridades del Sistema de Justicia venezolano».
Asimismo, manifestó la decisión de apelar y defender la verdad
«Venezuela recurrirá de esta decisión ante la Sala de Apelaciones, al tiempo que continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto
de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación, contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y a los objetivos que se persiguieron con su creación».
de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación, contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y a los objetivos que se persiguieron con su creación».
La CPI dio luz verde a la reanudación de la investigación al considerar que los «procesos penales internos» de Caracas «no reflejan suficientemente el alcance» del caso, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual, y hay «periodos de inactividad inexplicables».
Los jueces recordaron que esta conclusión «no impide» que Caracas pueda proporcionar en el futuro material que determine la «inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad», es decir, que demuestre que la justicia venezolana está ya investigando todos los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados por las víctimas y que la investigación del fiscal de la CPI no es necesaria.
