– La ONG Human Rights Whatch (HRW) denunció hoy el uso por parte del Gobierno sirio de bombas de racimo, prohibidas internacionalmente, en sus ataques «indiscriminados» contra zonas controladas por la oposición en el noroeste de Siria durante la mayor escalada de violencia en la zona desde hace cuatro años.
Desde el pasado 5 de octubre ha habido al menos 70 muertos en estos ataques y unas 120.000 personas se han visto desplazadas.
«Las fuerzas del Gobierno sirio utilizaron bombas de racimo, ampliamente prohibidas, en un ataque en la ciudad de Termanin, en el norte de Idlib, el día 6 de octubre, dejando a dos civiles muertos y causando heridas a otros nueve», dijo HRW en un comunicado publicado esta madrugada.
Explicó que el ataque formó parte de una campaña militar más amplia que lideran las fuerzas sirias y rusas, aliadas con el Gobierno sirio, contra el noroeste de Siria bajo control de la oposición.
Desde el inicio de esta operación el 5 de octubre hasta el 27 del mismo mes «al menos 70 personas murieron, entre ellas 3 trabajadores humanitarios, 27 niños y 14 mujeres».
Ademas quedaron heridas otras 338 personas y 120.000 se desplazaron recientemente al impactar la ofensiva en 2.300 localizaciones en Idlib y el oeste de Alepo, según datos de la oficina la ONU para Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
La última escalada por parte de las fuerzas del Gobierno sirio se produce en represalia por el ataque con drones el 5 de octubre contra una academia militar en Homs durante una ceremonia de graduación de cadetes, que provocó la muerte de 120 personas.
El uso por las fuerzas del Gobierno sirio de las bombas de racimo en sus ataques contra zonas controladas por la oposición «demuestra como de trágicamente indiscriminadas son estas armas» considerando además «su devastador daño duradero», lamentó el directos adjunto de HRW para Oriente Medio, Adam Coogle.
Recalcó que durante el bombardeo continuo por las fuerzas sirias y rusas «los niños de Idlib son de nuevo las víctimas de las acciones militares crueles e ilegales».
Desde el inicio del conflicto armado en Siria en 2012, HRW registró daños contra civiles por el uso de las bombas de racimo por el Gobierno sirio, incluso un ataque en noviembre de 2022 contra cuatro campamentos de desplazados en Idlib.
Unos 4,5 millones de personas viven en el noroeste de Siria, controlado por la oposición, una zona donde los civiles están atrapados, les faltan recursos para reubicarse y están en riesgo de persecución en el caso de desplazarse a zonas dominadas por el Gobierno sirio; además, la mayoría depende de la ayuda humanitaria para sus necesidades básicas.
EFE
