Diversos sectores de la sociedad ecuatoriana se movilizaron este miércoles en Quito para protestar contra la Ley de Integridad Pública, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa. La norma, vigente desde el 26 de junio, es duramente cuestionada por sindicatos, estudiantes y juristas.
Los manifestantes denuncian que la ley abre la puerta a despidos arbitrarios, pone en riesgo a más de 635.000 servidores públicos y afecta directamente el acceso a la salud y la estabilidad laboral en el sector público.
“Esta ley significa un retroceso en derechos laborales y sociales. No vamos a permitir que se impongan reformas sin diálogo”, expresó un representante de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), que presentó una nueva demanda de inconstitucionalidad.
MIRÁ TAMBIÉN: EE.UU. acelera la producción de combustible nuclear avanzado
La norma ya acumula 20 querellas constitucionales y genera creciente tensión social. También se cuestiona que endurece penas a adolescentes permitiendo que sean juzgados como adultos, y modifica el sistema de contratación pública y la estructura judicial.
El rechazo no se limita a las acciones legales: las movilizaciones populares se han intensificado desde principios de julio, cuando docentes y gremios ya protestaron frente a la Corte Constitucional en Quito.
Estudiantes y trabajadores también se sumaron a la convocatoria de este 16 de julio, señalando que el paquete de reformas afecta derechos fundamentales y se implementa de forma inconsulta.
