El director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, Frank Sauerbaum, confirmó que el país está recurriendo a apoyo internacional para intentar destrabar uno de los principales problemas migratorios actuales: la imposibilidad de concretar expulsiones hacia Venezuela.
En ese contexto, sostuvo reuniones con representantes de Estados Unidos, buscando colaboración tanto en gestiones políticas como en herramientas tecnológicas que permitan avanzar en estos procesos.
Actualmente, la mayor dificultad radica en que la mayoría de las órdenes de expulsión involucran a ciudadanos venezolanos. Según detalló la autoridad, más del 60% de las cerca de 37.000 personas con procesos pendientes pertenece a esa nacionalidad.
El obstáculo principal no es administrativo interno, sino diplomático. La ausencia de relaciones formales con Venezuela impide obtener la documentación necesaria para ejecutar las deportaciones, lo que ha paralizado cientos de casos.
Ante este escenario, el gobierno chileno busca reactivar al menos los vínculos consulares mínimos que permitan coordinar el retorno de estos ciudadanos.
Mientras no se resuelva esta situación, las autoridades avanzarán con expulsiones hacia otros países. De hecho, ya se prepara un vuelo con destino a Colombia, que trasladará a unas 60 personas en las próximas semanas.
El caso refleja cómo la crisis migratoria en Chile no solo depende de decisiones internas, sino también de factores externos, especialmente de la disposición de los países de origen para recibir a sus ciudadanos.
