La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que facilitará la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera del país, un cambio normativo impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y esperado por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
El órgano legislativo, de mayoría oficialista, avaló la reforma por unanimidad esta tarde en una segunda discusión. El proyecto ya había sido aprobado en primera ronda la semana pasada.
La reforma implica que la industria petrolera venezolana, mayormente nacionalizada y bajo control de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ahora pueda abrir más la puerta a colaborar con compañías privadas.
El Gobierno de Estados Unidos esperaba este cambio porque tiene la expectativa de que empresas estadounidenses inviertan en la explotación del petróleo venezolano luego del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado por EE.UU. el 3 de enero.
La reforma fue anunciada por Rodríguez en un mensaje a la nación el 15 de enero.
Una semana después, el diputado Orlando Camacho expuso el proyecto y dijo que “es necesario avanzar en una transición para actualizar la industria petrolera al mercado global” y que los países necesitan “marcos normativos ágiles, seguros y atractivos para la inversión”, según informó la Asamblea en un comunicado.
El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y hermano de la presidenta encargada, se expresó este jueves en ese mismo sentido.
“En estricto apego a nuestra Constitución, aprobamos por unanimidad la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Un instrumento que viene a impulsar el sector energético, con la producción de petróleo en campos verdes y transformarlo en bienestar para el pueblo venezolano”, dijo en un mensaje en su canal de Telegram.
En línea con la aprobación de la reforma, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este jueves un documento en el que autoriza que empresas estadounidenses realicen ciertas actividades de exportación, compra, venta, almacenaje o transporte de petróleo venezolano, entre otras operaciones.
La medida representa un relajamiento de las sanciones de Estados Unidos hacia la industria petrolera venezolana. Estas sanciones comenzaron en 2019, durante la primera presidencia de Trump (2017-2021), cuando Washington consideró que debía imponerlas con el argumento de que PDVSA era utilizada para proveer recursos a políticos corruptos del Gobierno de Maduro.
Con estas sanciones, las empresas estadounidenses tenían prohibido tener negocios con PDVSA, con excepción de una licencia que permitía actividades limitadas a Chevron.
El petróleo de Venezuela, bajo la mira de Trump
Después de la captura de Maduro —acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y armas en Estados Unidos, cargos que él rechaza—, Trump ha dicho que su Gobierno ha observado disposición de la presidenta encargada para colaborar con Estados Unidos.
Este mes, el presidente se reunió en privado con directivos de empresas petroleras estadounidenses para impulsar la inversión en Venezuela, pero algunos de ellos expresaron dudas sobre la rentabilidad de proyectos en el país sudamericano.
Venezuela es el país con las mayores reservas de crudo extrapesado en el mundo y a finales de la década de 1990 alcanzó una producción diaria de más de 3 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, esa producción ha registrado caídas en los últimos años, que algunos especialistas atribuyen a problemas como falta de mantenimiento a la infraestructura del sector.
