Las organizaciones gremiales Sindicato Unitario del Magisterio (Suma Caracas) y la Fundación Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) denunciaron este mes las precarias condiciones en las que inicia el nuevo período lectivo en Venezuela, señalando que el retorno a las aulas se da entre improvisación, salarios insuficientes, suspensiones de sueldos y un grave deterioro de las infraestructuras educativas, agravado por eventos sísmicos recientes y años de falta de mantenimiento gubernamental.
Gricelda Sánchez, coordinadora de Suma Caracas, señaló que las políticas implementadas por el Ministerio de Educación afectan a más de 470 mil docentes en todo el país. Sánchez denunció que se mantiene una ola de despidos y suspensiones injustificadas de salarios contra los educadores que reclaman reivindicaciones laborales. Asimismo, desmintió la reparación de 1.500 escuelas anunciada por el Ejecutivo, asegurando que los reportes sindicales registran una escasa llegada de recursos para reestructurar los planteles. La vocera también alertó sobre las fallas en el Programa de Alimentación Escolar, afirmando que las deficiencias nutricionales impactan de forma directa en el desarrollo físico de la población estudiantil.
Desde Fordisi, la dirigencia exigió la salarización de los bonos, el cumplimiento de la convención colectiva y la equiparación salarial entre el personal activo y jubilado. La organización calificó de ilegal la brecha de ingresos entre ambos sectores y criticó que las remuneraciones del magisterio se mantengan en niveles críticos —con ingresos que en diversos casos no superan los dos dólares mensuales—, por lo que anunciaron movilizaciones de calle para exigir mejoras socioeconómicas.
Por su parte, Raúl Yemiñame, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación del estado Vargas (Sitravargas), reportó un severo impacto estructural en la entidad tras los recientes sismos. Según Sitravargas, más de la mitad de las 259 escuelas públicas del estado resultaron gravemente afectadas, al igual que una porción significativa de las 82 instituciones privadas. Yemiñame enfatizó que en el estado Vargas se contabilizó el fallecimiento de 185 docentes, 16 obreros y 18 trabajadores administrativos a causa de los eventos sísmicos, por lo que rechazó la convocatoria de reincorporación previa a las aulas al no existir condiciones de seguridad para estudiantes y trabajadores.
Esta situación mantiene paralizado el proceso de matriculación en la región costera, donde numerosas familias permanecen en refugios ante la persistencia de réplicas. Los voceros gremiales reiteraron que continuarán exigiendo una planificación responsable y presupuestos adecuados que garanticen el derecho a una educación segura y con condiciones laborales dignas.
