El cierre de El Helicoide, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), continúa sin concretarse, según denunció la organización Acceso a la Justicia, que cuestionó la falta de información pública sobre el cumplimiento de las medidas establecidas por el tribunal internacional.
La sentencia responde al caso de Jorge Rojas Riera, quien fue detenido en septiembre de 2003 por agentes de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), luego de participar como voluntario en las protestas de la Plaza Altamira.
Rojas Riera permaneció más de tres meses recluido en El Helicoide, donde, de acuerdo con la sentencia de la Corte IDH, sufrió torturas y tratos crueles. El tribunal determinó que el Estado venezolano incurrió en violaciones a los derechos a la reunión pacífica, la libertad personal, las garantías judiciales y la integridad física.
La sentencia establece medidas más allá del cierre del centro
La decisión internacional otorgó un plazo de 18 meses para clausurar El Helicoide y estableció además la obligación de investigar de manera exhaustiva los hechos de tortura denunciados en el caso de Rojas Riera.
Sin embargo, Acceso a la Justicia sostiene que el cumplimiento de estas medidas permanece en un escenario de incertidumbre debido a la falta de información pública sobre las acciones emprendidas por el Estado.
El caso de El Helicoide tampoco constituye el primer pronunciamiento de la Corte IDH relacionado con este centro de reclusión. En 2012, el tribunal condenó a Venezuela por las condiciones de detención de Raúl José Díaz Peña.
En esa oportunidad, el entonces presidente Hugo Chávez rechazó la decisión y ordenó denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No obstante, una resolución de la Corte IDH emitida en agosto de 2025 determinó que esa denuncia no produjo efectos jurídicos y reafirmó la vigencia de las obligaciones de Venezuela dentro del sistema interamericano.
Organizaciones piden convertir El Helicoide en un sitio de memoria
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el eventual desalojo o cierre de los espacios de reclusión no debería limitarse a una modificación física del inmueble.
Entre las medidas señaladas figura la creación de un registro centralizado, oficial y actualizado de las denuncias e investigaciones relacionadas con presuntos casos de tortura ocurridos en El Helicoide.
La sentencia también contempla la adopción, dentro de un plazo de dos años, de un protocolo especializado basado en el Protocolo de Estambul, con herramientas para que jueces y fiscales puedan investigar de oficio posibles abusos cometidos en centros de reclusión.
A esto se suma la preocupación de organizaciones de derechos humanos ante el proyecto oficial de transformar la edificación en un centro deportivo y comercial para la familia policial. Los defensores plantean que cualquier futuro uso del inmueble debería incorporar una dimensión de memoria histórica que permita preservar el registro de los hechos denunciados.
La falta de información sobre el cumplimiento de las medidas, advierte Acceso a la Justicia, dificulta el seguimiento de las obligaciones internacionales y mantiene la incertidumbre entre las víctimas y sus familiares.
