El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el miércoles 26 de agosto la muerte de Carlos Eduardo Padilla, quien se encontraba recluido en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, en el estado Guárico.
De acuerdo con la información conocida por la organización, Padilla falleció en el Hospital Dr. Israel Ranuárez Balza por motivos de salud, mientras permanecía bajo custodia del Estado.
El OVP señaló que el centro penitenciario alberga actualmente a más de 1.800 personas privadas de libertad, quienes permanecen expuestas a deficiencias en materia de salud, higiene y alimentación.
“Estas condiciones no pueden normalizarse ni considerarse consecuencias inevitables de la privación de libertad, sino que evidencian la desidia con la que el gobierno continúa administrando los centros penitenciarios”, señaló la organización en una publicación en su cuenta de X.
En este sentido, el OVP insistió en que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez tiene la obligación de explicar qué ocurrió con Padilla mientras permanecía bajo su custodia, qué actuaciones se realizaron antes de su fallecimiento y si existieron circunstancias que pudieron evitar este desenlace.
La organización exigió una “investigación transparente” que permita esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, si las hubiere.
“Cuando una persona entra viva a un centro de reclusión y muere bajo custodia, el silencio institucional no puede ser la única respuesta que reciba su familia”, agregó el OVP.
Asimismo, hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que protejan los derechos humanos e investiguen las posibles vulneraciones.
Otro caso similar
El 25 de agosto, el OVP denunció la muerte de dos presos en las cárceles de El Rodeo II y El Rodeo IV, estado Miranda, como consecuencia de “cuadros graves de salud”.
Los fallecidos fueron identificados como Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien se encontraba en El Rodeo II, y Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien estaba en El Rodeo IV.
“Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde, puesto que la obligación del Estado no comienza cuando un preso llega a una emergencia, sino con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno”, afirmó el OVP en una nota de prensa difundida en su página web.
La organización exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios fueron aplicados en los casos de Jhonney Martínez y Anthony Quintero, así como determinar si existieron fallas u omisiones en su atención.
El OVP denunció falta de atención médica en centros penitenciarios
El Observatorio Venezolano de Prisiones aseguró en agosto de 2026 que las muertes bajo custodia del Estado continúan registrándose de manera constante en diversos estados del país.
El 11 de agosto, la ONG documentó los fallecimientos de Anthony Portillo, en el Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito); Víctor Salgado, en el Centro de Reclusión Rodeo IV (Miranda); y Adrián Felipe, en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara.
En todos los casos, los decesos ocurrieron en contextos de presunta desatención médica y agravamiento de patologías preexistentes, de acuerdo con el OVP.
Ante la recurrencia de estos eventos, solicitaron al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo abrir investigaciones que determinen las responsabilidades institucionales y garanticen la tutela efectiva del derecho a la vida y a la salud de la población reclusa en Venezuela.
La organización también solicitó una rendición de cuentas sobre la situación de los centros penitenciarios que han sido intervenidos por el Estado, así como información sobre el uso de los recursos públicos destinados a su recuperación.
