El gobierno de Donald Trump impuso este martes sanciones financieras contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y el abogado de la fiscalía Abdoulaye Seye. La medida, ejecutada por el Departamento del Tesoro, congela los activos de ambos funcionarios bajo el argumento de que la corte atenta contra la soberanía de Washington y de sus aliados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que la medida prohíbe transacciones financieras con los sancionados y bloquea las operaciones de cualquier entidad donde posean participación igual o superior a 50%. El organismo fijó un plazo límite hasta el 17 de septiembre para que terceros liquiden operaciones pendientes asociadas a sus cuentas, reseñó Efe.
Mientras Akane ejerce la representación institucional de la CPI, Seye ha supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, ámbito geopolítico de alta sensibilidad para la administración estadounidense.
Ataque a la soberanía estatal
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, justificó la acción gubernamental a través de un comunicado en el que acusó al tribunal de sesgo ideológico.
«La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal».
El anuncio cumple la advertencia del propio Rubio en julio, cuando prometió intensificar las acciones para desarticular la efectividad operativa de la institución internacional.
Escalada contra el Estatuto de Roma
La ofensiva se enmarca en la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en febrero tras su retorno al poder, mediante la cual calificó las iniciativas de la CPI de una «amenaza» para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El rechazo de Washington responde principalmente a dos frentes de investigación abiertos por el tribunal con sede en La Haya: las indagaciones sobre actuaciones del ejército estadounidense en escenarios como Afganistán y las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
Con este dictamen, Washington suma a Akane y Seye a una lista de sancionados que ya incluye a fiscales, jueces, a la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos. Ni Estados Unidos ni Israel reconocen la jurisdicción de la CPI al no ser firmantes del Estatuto de Roma.
