La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que el expediente penal correspondiente al proceso de Linda Loaiza López Soto refleja una marcada reticencia del sistema de justicia venezolano para lograr avances concretos. De acuerdo con la ONG, la causa se mantiene a flote principalmente por la persistencia de la propia víctima, mientras que las pesquisas orientadas a esclarecer la responsabilidad de los funcionarios implicados en los abusos y en la obstrucción del proceso continúan estancadas.
Órdenes de captura sin ejecución real
Como ejemplo de esta situación, JEP hizo referencia a una orden de captura emitida en julio de 2026 contra el agresor. Pese a que la medida podría interpretarse como un paso adelante, la organización cuestionó su operatividad, señalando la ausencia de notificación formal ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), así como la falta de reporte ante los organismos migratorios o la Interpol.
«Al carecer de notificación formal ante la policía científica y omitir el reporte a las autoridades de migración o a Interpol —permaneciendo archivada en el despacho del juez—, no se impide que el acusado por crímenes tan atroces evada la acción de la justicia», expresó la ONG en su cuenta de X.
A este panorama se aúna el aplazamiento constante de las audiencias, una táctica empleada de forma sistemática para mantener paralizado el juicio
Reparaciones del Estado: Un asunto de voluntad ejecutiva
JEP recordó que el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado venezolano no recae exclusivamente en los tribunales. La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contempla medidas de reparación factibles de ejecución directa por el Poder Ejecutivo, al margen de la lentitud procesal interna.
Entre los pendientes figuran:
- La creación e inclusión de un programa educativo sobre derechos de las mujeres con el nombre de Linda Loaiza en el currículo escolar.
- Asistencia médica y psicológica integral para la víctima.
- El desembolso de indemnizaciones y la asignación de becas.
- La reglamentación formal de la ley orientada a combatir la violencia de género.
- La realización de un acto público donde el Estado asuma su responsabilidad institucional.
«Diferenciar el estancamiento de los tribunales frente a la inacción estatal permite comprender que reparar a la víctima constituye, ante todo, una cuestión de voluntad y compromiso con los derechos humanos«, recalcó la organización.
Antecedentes del caso
Linda Loaiza sufrió un secuestro el 27 de marzo de 2001 perpetrado por Luis Carrera Almoina a la edad de 18 años. Tras cuatro meses de cautiverio, su rescate ocurrió el 19 de julio de ese mismo año en condiciones de salud sumamente delicadas.
De acuerdo con el expediente, la actual abogada padeció agresiones físicas severas y violencia sexual causantes de traumatismos múltiples, hematomas faciales, en los oídos, tórax y abdomen, además de fracturas de mandíbula y nariz.
Luego de su liberación, requirió de seis meses de hospitalización y un total de 15 intervenciones quirúrgicas. En el ámbito judicial interno, el agresor recibió condena únicamente por privación ilegítima de libertad y lesiones graves, resultando absuelto de los cargos por agresión sexual.
Mediante su litigio ante instancias internacionales, Loaiza alcanzó un fallo histórico en la Corte IDH, convirtiéndose en la primera venezolana vencedora en un litigio contra el Estado venezolano en dicha instancia, dedicando más de la mitad de su existencia a la lucha por la justicia.
Nuevo aplazamiento judicial
Durante el proceso ante la Corte IDH, la defensa sostuvo la vulneración de diversas prerrogativas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado, en tanto que la representación gubernamental rechazó su responsabilidad sobre las infracciones a dicho pacto, así como a la Convención de Belém do Pará y a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Recientemente, el viernes 7 de agosto de 2026, la abogada recibió la notificación de una audiencia fijada para este 11 de agosto de 2026 ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cuyo objetivo consistía en reexaminar los recursos interpuestos tanto por el Ministerio Público como por ella misma. No obstante, la sesión terminó siendo aplazada una vez más.
«Un nuevo diferimiento se suma a un proceso que acumula más de 25 años en espera de justicia. Para quienes sufren graves transgresiones a sus derechos humanos, cada demora prolonga las heridas y la búsqueda de verdad», manifestó Loaiza a través de su cuenta de X.
