El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela solicitó formalmente a la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 que lleve a la mesa de diálogo con el oficialismo la grave situación de la libertad de prensa y de expresión en el país, así como las garantías para el libre ejercicio periodístico.
El anuncio, realizado por la junta directiva del gremio este martes 4 de agosto, se da tras una reunión de hora y media mantenida con representantes del sector opositor que lidera este nuevo acercamiento negociador, iniciado formalmente el pasado sábado 1 de agosto mediante una llamada telefónica entre el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera, Presidente de la Asamblea Nacional 2015.
Según la nota de prensa emitida por el CNP, el acercamiento responde a un contacto previo realizado por la comisión opositora hace dos semanas. Durante el encuentro, la directiva del gremio abordó la urgencia de defender los derechos de los comunicadores y la necesidad de incorporar estos temas clave en la agenda bilateral.
Además de la libertad de información, las conversaciones sirvieron para acordar prioridades institucionales y humanitarias, entre las que destacan el fortalecimiento democrático y la atención urgente a los damnificados por el doble terremoto del pasado 24 de junio. Este desastre natural deja hasta la fecha un saldo oficial de 6.125 fallecidos, según el último reporte brindado este lunes.
El gremio ofreció también un balance sobre el impacto de la catástrofe en el sector periodístico, confirmando que al menos 10 comunicadores sociales perdieron la vida a causa de los eventos sísmicos.
La solicitud del CNP se produce en medio de un contexto difícil para la prensa independiente. Datos de la organización no gubernamental VE Sin Filtro señalan que al menos 92 sitios web de noticias se encuentran actualmente bloqueados por los proveedores de internet en el país.
A esta censura digital se suman las denuncias hechas por el propio colegio gremial respecto a agresiones físicas y amedrentamiento perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado contra los profesionales de la comunicación mientras cubrían la emergencia y las labores de rescate tras los terremotos.
