El Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta un nuevo escándalo político a pocos días de concluir su mandato, luego de que salieran a la luz denuncias sobre presuntas gestiones irregulares para facilitar contratos estatales a empresarios a cambio de pagos y comisiones.
El caso involucra principalmente a Juliana Guerrero, una joven de 23 años cercana al mandatario, cuyo nombre ya había generado controversia después de que Petro la presentara como futura viceministra de la Juventud, pese a que no cumplía inicialmente con los requisitos académicos para ocupar el cargo.
Guerrero finalmente no asumió esa posición, pero continuó vinculada al Gobierno y desempeñando diferentes funciones con el respaldo del presidente.
La polémica resurgió esta semana después de que la revista Semana publicara una investigación en la que señala a Guerrero y a su hermana, Verónica, de presuntamente ofrecer a empresarios gestiones para facilitar la obtención de contratos en diferentes organismos públicos.
Según la investigación, el supuesto esquema contemplaba el cobro de un millón de pesos colombianos por una reunión inicial, un anticipo de 200 millones de pesos para comenzar las gestiones y una comisión equivalente al 10 % del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados.
Petro se desvinculó de las acusaciones y pidió que la Fiscalía investigue los hechos. El mandatario sostuvo que, de comprobarse las denuncias, se trataría de una eventual estafa cometida por particulares y no de una conducta ilícita atribuible a su administración.
El escándalo también provocó un enfrentamiento entre Petro y Angie Rodríguez, quien anteriormente dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Rodríguez afirmó que había advertido personalmente al mandatario sobre la influencia que Guerrero ejercía dentro del Ejecutivo y aseguró que se opuso a su designación debido a que no cumplía con los requisitos profesionales.
La exfuncionaria sostuvo además que existía un decreto para retirar a Guerrero de un cargo como representante presidencial en la junta directiva de la Universidad Popular del Cesar, pero que el documento nunca habría sido firmado por Petro.
Las declaraciones de Rodríguez provocaron una respuesta contundente del presidente, quien la acusó de ser una «gran manipuladora» y anunció acciones legales en su contra. Petro también divulgó en redes sociales información relacionada con su estado de salud, generando nuevas críticas por la exposición de datos médicos personales.
Rodríguez, por su parte, presentó una denuncia contra el mandatario ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presuntos delitos de injuria, calumnia y tráfico de influencias.
La exfuncionaria también aseguró que el caso de Guerrero no sería aislado y mencionó a Gabriela Muñoz, una joven estudiante de Derecho e influenciadora que fue contratada en oficinas de la Aeronáutica Civil en 2025 y cuya vinculación también ha sido cuestionada.
El escándalo ocurre en la recta final del Gobierno de Petro, cuyo mandato concluirá el próximo 7 de agosto, cuando está previsto que asuma el nuevo presidente de Colombia para el período 2026-2030.
