Irán ejecutó este domingo a otros dos manifestantes condenados a muerte por el supuesto asesinato de cuatro agentes de seguridad durante las protestas antigubernamentales de enero pasado en la ciudad de Isfahán, situada en el centro del país. Con este ajusticiamiento, el número de manifestantes ahorcados asciende a 23. Las autoridades iraníes identificaron a los ejecutados como Erfan Esfandiyari y Gol-Mohamad Mohamadi, a quienes los agentes iraníes acusaron de participar en los hechos violentos registrados el 8 de enero en la plaza Shahid Alikhani de Isfahán, durante unas protestas que el Gobierno calificó de «golpe de Estado» estadounidense-israelí, según informó la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní.
Según la versión oficial, los acusados ataron a varios agentes con cuerdas, los hirieron con piedras, les echaron gasolina y les prendieron fuego. Cuando aún estaban vivos, los arrastraron por el suelo y los atacaron con cuchillos y machetes. Posteriormente, los condenados mutilaron los cuerpos de los agentes y grabaron imágenes de los hechos que enviaron a redes vinculadas al «enemigo», de acuerdo con la agencia Tasnim. En el caso fueron imputadas 16 personas, y varias de ellas resultaron condenadas a muerte tras las investigaciones, la celebración del juicio y la revisión de las cámaras de seguridad del lugar. Dichas sentencias fueron confirmadas por el Tribunal Supremo iraní.
Las autoridades iraníes han ejecutado esta semana a tres manifestantes, con lo que asciende a 23 el número de personas ahorcadas por su participación en las acciones de principios de año, cuya finalidad era exigir el fin de la República Islámica. El movimiento terminó siendo sofocado tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial. No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora Hrana, con sede en Estados Unidos, elevan la cifra de fallecidos a más de 7.000. Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo: en el 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble de las registradas en el 2024 en ese país y la cifra más alta en décadas, según Amnistía Internacional.
