El último balance oficial eleva a 4.930 el número de personas fallecidas por los terremotos registrados el 24 de junio en el norte de Venezuela. La nueva cifra supone 101 muertos más respecto al parte anterior, en una catástrofe cuyo impacto humano continúa creciendo.
La cifra de heridos permanece en 16.740 personas, sin cambios respecto a las últimas actualizaciones. Aunque este dato se mantiene estable, el aumento del número de fallecidos confirma que las autoridades siguen revisando el alcance de la tragedia a medida que avanzan las tareas de identificación y evaluación de daños.
Los seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, han afectado especialmente a la costa norte venezolana y han provocado una emergencia de gran alcance. La acumulación de víctimas, edificios dañados y personas desplazadas mantiene la respuesta oficial centrada en la asistencia humanitaria y en las primeras medidas de reconstrucción.
El balance actual sitúa la tragedia por encima de los 4.900 fallecidos, después de varios partes sucesivos que han elevado de forma progresiva la cifra de muertos. La evolución del recuento refleja la magnitud de una emergencia prolongada, condicionada por los derrumbes, las réplicas y las dificultades para restablecer la normalidad en las zonas afectadas.
La emergencia no se limita al balance de víctimas mortales. El recuento también recoge 17.907 personas sin vivienda, una cifra que evidencia el fuerte impacto habitacional del doble seísmo. Miles de familias siguen sin poder regresar a sus hogares por la destrucción de edificios o por el riesgo estructural asociado a las réplicas.
La prioridad de las autoridades se mantiene en la atención a los damnificados, el alojamiento provisional, la distribución de ayuda y la planificación de viviendas. Con 4.930 muertos y 16.740 heridos, Venezuela afronta una crisis humanitaria que continúa dejando cifras graves varias semanas después de los temblores principales.
Más de 21.000 personas permanecen alojadas en 107 campamentos temporales habilitados tras los terremotos. Estos espacios se han convertido en una pieza central de la respuesta a la emergencia, al acoger a quienes han perdido su vivienda o no pueden regresar a ella por motivos de seguridad.
La cifra de personas en campamentos muestra que la emergencia ha entrado en una fase prolongada. A la atención inmediata tras los seísmos se suma ahora la necesidad de sostener refugios, organizar censos, garantizar servicios básicos y preparar soluciones habitacionales para una población desplazada que supera las 21.000 personas.
El balance mantiene en 17.907 las personas que han perdido su vivienda. Esta cifra, junto al número de personas alojadas en campamentos, refleja la dificultad de recuperar la normalidad en las zonas más afectadas y la urgencia de disponer de viviendas seguras para las familias damnificadas.
Las autoridades calculan que podrían hacer falta hasta 25.000 nuevas viviendas para atender a los afectados. Esta estimación sitúa la reconstrucción como uno de los principales retos de los próximos meses, especialmente en las áreas donde los inmuebles han quedado destruidos o presentan daños incompatibles con el regreso de sus ocupantes.
