Comparte si te ha gustado:

Un grupo de 14 congresistas demócratas de Estados Unidos envió este martes una carta formal al presidente Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, solicitando el levantamiento inmediato de las sanciones económicas sobre Venezuela. La iniciativa busca que el país caribeño pueda disponer de sus activos congelados en el exterior para hacer frente a la catástrofe humanitaria y de infraestructura provocada por los dos terremotos que asolaron el norte del país el pasado 24 de junio.

“Los terremotos del 24 de junio fueron desastres naturales inevitables. Sin embargo, las sanciones económicas de gran alcance y la congelación de activos impuestos por el Gobierno de EE UU han socavado gravemente la capacidad de respuesta y los esfuerzos de reconstrucción del país», indicaron los legisladores.

En Venezuela se ha registrado más de 1250 réplicas, en la que datos oficiales y organismos internacionales proyectan un panorama crítico:
Pérdidas humanas: 4.561 fallecidos y 16.740 heridos (muchos de ellos con fracturas y amputaciones), según el balance del Parlamento venezolano.
Vivienda e infraestructura: Casi 18.000 personas se han quedado sin hogar, tras el colapso de unos 1.400 edificios, entre los que se incluyen escuelas y hospitales clave
  • Impacto económico: La ONU (Organización de las Naciones Unidas) estima el costo de los destrozos físicos en 6.700 millones de dólares (el 6% del PIB del país), mientras que el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) advierte que las pérdidas económicas totales podrían escalar hasta los 100.000 millones de dólares.
Los firmantes del documento, como Alexandria Ocasio-Cortez, Jesús «Chuy» García, Rashida Tlaib e Ilhan Omar, denuncian que las restricciones impuestas por Washington actúan como un freno, para la llegada de ayuda internacional y la planificación de la reconstrucción a largo plazo.

“Las restricciones económicas están obstaculizando gravemente las labores urgentes de socorro y seguirán amenazando la recuperación y la reconstrucción a largo plazo de Venezuela si se mantienen vigentes”, señalaron los firmantes de la carta, a la que tuvo acceso El País.

La solicitud cuenta con el respaldo explícito de más de veinte organizaciones no gubernamentales de renombre, tales como Just Foreign Policy, Center for Economic and Policy Research (CEPR), Latin America Working Group (LAWG) y Peace Action, quienes coinciden en que mantener las sanciones bajo este escenario de desastre natural genera «efectos indiscriminados» sobre la población civil.
Este movimiento del ala demócrata en el Congreso se suma a la presión ejercida hace pocos días por más de un centenar de reconocidos economistas y académicos de prestigio global. A través de un manifiesto conjunto, la comunidad académica también urgió a la Administración de Donald Trump a suspender de manera temporal o definitiva las trabas financieras y agilizar la liberación de recursos congelados con fines estrictamente humanitarios.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió sobre la emergencia que enfrenta el país señalando que al menos 1,8 millones de personas, entre las que se encuentran 680.000 niños y niñas, requieren asistencia humanitaria inmediata y «atender las enormes necesidades de la población civil y de infraestructura».

“En este momento de crisis, resulta esencial una respuesta sólida coordinada por el Estado, sin las trabas de las sanciones, para evitar un colapso humanitario y atender las enormes necesidades de la población civil y de infraestructura, las cuales superan la capacidad de las iniciativas no gubernamentales por sí solas”, expresaron una docena de legisladores demócratas y una veintena de la ONG (Organizaciones No Gubernamentales).

De acuerdo con los firmantes, suspender las medidas económicas permitiría a los organismos públicos gestionar, y suministrar con mayor agilidad servicios críticos de salud de emergencia, alimentación y alojamiento temporal. Asimismo, facilitaría el despliegue de maquinaria y recursos para la remoción de escombros y la reparación de infraestructura esencial, como viviendas, escuelas y vías terrestres.

“El levantamiento de las sanciones también permitirá a las instituciones estatales coordinar y prestar de manera más eficaz servicios de atención médica de emergencia, refugio y alimentos, así como retirar escombros y reconstruir carreteras, escuelas y viviendas”, apuntaron.

Fuente : Globovision 

Loading


Comparte si te ha gustado: