El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) denunció la desaparición de siete presos políticos y presuntos actos de represión y tortura ocurridos entre el 5 y el 6 de julio en el Centro Penitenciario El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda.
De acuerdo con la organización, funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIP) habrían ejecutado un operativo dentro del penal en el que presuntamente utilizaron gas pimienta, gas lacrimógeno y mantuvieron a los reclusos sin acceso a agua durante 24 horas como medida de represalia.
Andreína Baduel, hermana del preso político Josnar Adolfo Baduel e integrante de Clippve, aseguró que pudo conversar con su familiar durante una visita realizada el pasado 10 de julio, cuando este le relató lo ocurrido.
Según Baduel, los internos fueron amenazados con armas de fuego y sometidos a agresiones físicas durante el procedimiento. Asimismo, afirmó que su hermano, quien permanece detenido desde hace seis años y presenta secuelas respiratorias por presuntas torturas anteriores, sufrió un nuevo deterioro de salud tras la exposición a los gases y recibió atención médica 48 horas después de solicitarla.
La organización identificó a los presuntos desaparecidos como José Ángel Barreno Cordones, Ángel Perdomo, Darwim Rosales, Evan Rincón, Naudy Laya Falcón, Franyer Chacín y una séptima persona cuya identidad aún no ha sido confirmada. Además, reportó como heridos a Ramin Pocaterra, Jhoarrlin Lozardo y Miguel Medina.
Andreína Baduel responsabilizó al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por la integridad física de los detenidos y exigió información sobre el paradero de los desaparecidos.
Clippve también advirtió que la situación se agrava debido a la actividad sísmica registrada en el país desde el pasado 24 de junio. La organización afirmó que, pese a las numerosas réplicas y al posible riesgo estructural del recinto penitenciario, las autoridades habrían impedido la aplicación de protocolos de evacuación y negado a los reclusos la posibilidad de permanecer fuera de sus celdas durante las emergencias.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias realizadas por la organización y los familiares de los detenidos.
