Durante dos días consecutivos, los colombianos se han levantado con noticias de ataques a las Fuerzas Armadas. El martes fueron los disparos con armas de largo alcance y el ataque con un explosivo contra una patrulla de la policía de Tránsito en la vía Cúcuta-Pamplona, en Norte de Santander. Los tres uniformados que viajaban en el vehículo resultaron heridos y permanecen bajo observación médica. Un día después fue el ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, la capital de La Guajira. Como resultado, hay 12 soldados heridos. Los cilindros bomba causaron daños en el batallón, en áreas educativas y en viviendas cercanas, y dejaron una sensación de terror en la comunidad. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le adjudicó la responsabilidad de los dos ataques a la guerrilla del ELN, con la que el Gobierno suspendió las negociaciones de paz desde enero de 2025.
“En épocas de elecciones, algunos grupos en áreas muy focalizadas intentan generar terror físico o mediático para influir en los votantes. No permitiremos que la barbarie altere la democracia”, escribió en X el general en retiro. Tal como ha sostenido el Gobierno en otras ocasiones, señaló que los ataques son una “reacción ante los fuertes golpes que la Fuerza Pública le ha asestado a este cáncer criminal”. Por su parte, la Primera División del Ejército, con jurisdicción en la región Caribe y a la que pertenece el batallón atacado, ha informado que está fortaleciendo las medidas de seguridad y mantiene su despliegue en la zona.
Los ataques, los dos en el noroeste del país, se producen a pocos días de la primera vuelta presidencial, que se realizará este domingo 31. Los colombianos elegirán al sucesor de Gustavo Petro en medio de un deterioro de la seguridad. Los tres principales candidatos, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, han denunciado que han recibido amenazas de muerte. Además del ELN, en Colombia operan las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, que a su vez están divididas y operan bajo distintas comandancias, así como el Clan del Golfo, la banda narcotraficante más poderosa del país.
Las cifras no son alentadoras. De acuerdo con las estimaciones de la Fuerza Pública recogidas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), existen al menos 14 zonas en disputa activa entre estos actores ilegales, mientras que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido que las consecuencias humanitarias del conflicto armado en Colombia alcanzaron en 2025 “el nivel más grave de la última década”.
“Es deplorable lo que está haciendo el ELN y más aprovechar estas épocas electorales para influir electoralmente en la decisión de la gente, porque eso crea inseguridad, crea miedo”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras ser abordado por periodistas sobre el atentado en Norte de Santander. El ministro también advirtió sobre las repercusiones políticas que hechos como este tienen sobre los electores, que salen a votar bajo una sensación de temor, pese a que la violencia no sea generalizada. En efecto, las encuestas muestran que uno de los factores que más preocupan a los colombianos es el deterioro de la seguridad.
Las repercusiones políticas no se han hecho esperar. La candidata uribista Paloma Valencia ha responsabilizado al presidente Petro del atentado en la Guajira, por su “permisividad” hacia el ELN. “Hoy el país está viendo las consecuencias de un Gobierno que debilitó la autoridad, desmoralizó a la Fuerza Pública y renunció a combatir con fuerza a los violentos”, ha asegurado a través de un comunicado.
En las últimas semanas, otros dos hechos violentos han ensombrecido el camino a las elecciones, y afectado campañas opuestas dentro del espectro político. El vehículo del senador Alexander López, copartidario de Petro y Cepeda, fue baleado cuando regresaba de un evento de campaña en Cali, en lo que el mandatario calificó como un intento de secuestro por parte de uno de los múltiples grupos de las llamadas disidencias, mientras que a mediados de mes fueron asesinados dos militantes de la campaña de De la Espriella en el departamento del Meta.
Fuente: El Pais
