Trabajadores activos, jubilados y pensionados convocaron a una jornada de movilización nacional este lunes 23 de marzo para exigir mejoras salariales y respuestas por parte de la administración encabezada por Delcy Rodríguez.
El llamado fue realizado por el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Gregorio Alfonso, quien señaló que la convocatoria da continuidad a las protestas realizadas en semanas recientes y reiteró que en Caracas se mantendrán en las calles “con la misma determinación”.
La principal concentración en la capital está prevista en Parque Carabobo, desde donde los manifestantes marcharán hasta la Plaza Caracas, sede del Ministerio del Trabajo.
Movilización en varias regiones
La convocatoria también se extiende a distintas ciudades del país. En Miranda, trabajadores públicos se concentrarán en Los Teques y otras subregiones para trasladarse a Caracas. En La Guaira, sindicatos marcharán desde El Cardonal hasta la Inspectoría del Trabajo.
En Maturín, Cumaná, Barcelona, Maracaibo y San Cristóbal también se prevén concentraciones frente a sedes laborales, donde los trabajadores exigirán aumentos salariales, mejoras en pensiones y respuestas a pliegos consignados ante las autoridades.
Estas acciones forman parte de una ola de protestas que se ha reactivado en el país en las últimas semanas, centradas en la demanda de ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas.
Salarios congelados y aumento de la conflictividad
El contexto de estas movilizaciones está marcado por el estancamiento del salario mínimo, que no ha sido ajustado desde marzo de 2022. En ese momento se fijó en 130 bolívares, equivalentes a unos 30 dólares mensuales, pero la inflación y la devaluación han reducido su valor a menos de un dólar en la actualidad.
De acuerdo con datos recientes, el descontento social se ha reflejado en un aumento sostenido de protestas en el país, muchas de ellas vinculadas a exigencias económicas, laborales y sociales.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó que solo en febrero se registraron 599 protestas en el país, de las cuales al menos 176 estuvieron relacionadas con la exigencia de derechos económicos, sociales y laborales.
WebPReclamos por salario y beneficios
Los manifestantes han insistido en que los bonos otorgados por el Ejecutivo no sustituyen un aumento del salario mínimo, ya que no tienen incidencia en prestaciones sociales, aguinaldos ni pensiones.
En este contexto, sindicatos y gremios reiteran la exigencia de un ingreso digno que permita cubrir el costo de vida, en medio de un escenario de inflación y pérdida sostenida del poder adquisitivo.
La jornada del 23 de marzo se perfila así como una nueva prueba de presión social en torno a la política salarial del país, en un momento en el que las demandas laborales vuelven a ocupar espacio en la agenda pública.
