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Este martes, la Comisión Especial para el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática se reunió con parientes de algunas de las personas detenidas en Venezuela, específicamente de los agrupados en el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y de los representados por la ONG Foro Penal, para integrar sus perspectivas al texto legal.

Durante la sesión, realizada en la sede administrativa de la Asamblea Nacional (AN) en Caracas, el presidente de la comisión, Jorge Arreaza, y la vicepresidenta, Nora Bracho, escucharon las propuestas de este sector. El objetivo es evaluar qué ideas pueden incorporarse al proyecto original, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobado recientemente en primera discusión.
«Hemos recibido muchísimas propuestas de expertos jurídicos, juristas, de personas que han sufrido los impactos de la confrontación política de los últimos años, y tenemos que escucharlos (a los familiares de los detenidos), para que podamos reflejar sus percepciones en la ley», aseveró Arreaza.

El objeto de la ley es la reconciliación nacional, ratificó el diputado Arreaza, quien recordó que el artículo 2 del proyecto, indica que las finalidades de la ley son las de promover la paz, el desarrollo armónico de la vida nacional, la participación democrática y el pluralismo político.

«Estamos haciendo todo lo posible para alcanzar el consenso y dirimir, por la vía constitucional, las diferencias que podamos tener», sentenció el parlamentario, al tiempo que ratificó que todas las propuestas serán evaluadas al detalle.  Aseguró que se buscará el consenso constitucional para disolver diferencias entre el chavismo y la oposición.

El presidente de la comisión enfatizó la importancia de recoger las propuestas de expertos y de quienes han vivido directamente las consecuencias de la confrontación política.

Se precisó que la ley abordará hechos ocurridos entre 1999 y 2026, dejando en manos de los órganos competentes la evaluación de cada caso particular.

La vicepresidenta de la comisión, Nora Bracho, destacó que la ley es una herramienta de unión, calificando el proceso como un camino de ciudadanos valientes que apuestan por la paz.

Por su parte, Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, solicitó a los familiares consignar propuestas por escrito, detallando cada caso con nombre y datos pertinentes.
El coordinador del Programa para la Paz y Convivencia Democrática, Ernesto Villegas, anunció que, a partir de este miércoles, los familiares serán atendidos en igualdad de condiciones en el Celarg (Altamira).
Los familiares, por su parte, expusieron sus casos, y se insistió en que la ley abordará los hechos para que luego los órganos competentes evalúen situaciones particulares.
«No queremos estar en un estado de guerra, sino en un Estado de paz. No basta solo con la ley, necesitamos un gran esfuerzo de todos», sentenció Arreaza al cierre del encuentro.

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