El Gobierno de Colombia anunció este jueves la suspensión del suministro de energía eléctrica hacia Ecuador, como medida de reciprocidad frente a la decisión unilateral del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer un arancel del 30% a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero, tras alegar supuestos incumplimientos de Bogotá en la cooperación contra el narcotráfico y en materia de seguridad.
“Las recientes decisiones del Gobierno de Noboa desconocen acuerdos vigentes y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética”, afirmó Palma, calificando la medida ecuatoriana como una “agresión económica”.
“El deber del Estado es garantizar que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable. Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana”, agregó el ministro.
“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, escribió Noboa en su cuenta de X.
Sin embargo, las cifras oficiales de Colombia contradicen esa narrativa: entre 2023 y 2025 las incautaciones de cocaína en municipios fronterizos con Ecuador aumentaron un 36,7%, y Bogotá ha capacitado a 3.891 policías ecuatorianos en lucha antidrogas, además de realizar operativos conjuntos contra organizaciones criminales transnacionales.
Horas antes de la suspensión eléctrica, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, anunció también la aplicación de un gravamen del 30% a 20 productos ecuatorianos, como respuesta proporcional y transitoria a la medida de Quito.
