Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos están autorizados por sus superiores a entrar por la fuerza en los hogares si sospechan que se encuentra allí un extranjero con orden de deportación, por lo cual no requieren el aval de un juez, señala un memorando interno de la institución migratoria, obtenido y revisado por The Associated Press (AP).
La medida se dio a conocer bajo un clima de intensas protestas y tensiones por el accionar de los uniformados del ICE contra la ciudadanía, y especialmente tras el asesinato de Renee Good, una estadounidense que fue masacrada a tiros por un agente migratorio durante una redada en Mineápolis.
De acuerdo con AP, la decisión que autoriza a los oficiales a utilizar la fuerza para entrar en una residencia, basándose únicamente en una orden administrativa para arrestar a alguien, significa «un cambio drástico» en la normativa legal vigente, que impone límites constitucionales a los procedimientos policiales para perseguir y detener a personas sospechosas de permanecer en el país sin documentación legal.
Desde hace mucho, resalta AP, defensores de inmigrantes, grupos de asistencia legal y gobiernos locales han instado a las personas a no abrir sus puertas a los agentes de inmigración a menos que se les muestre una orden firmada por un juez. El consejo tiene sus raíces en fallos de la Corte Suprema, que generalmente prohíben que las fuerzas del orden entren en un hogar sin aprobación judicial.
Empleado por nuevos oficiales
«A los nuevos empleados del ICE y a aquellos que aún están en entrenamiento se les dice que sigan la guía del memorando, en lugar de materiales de entrenamiento que realmente lo contradicen», según reveló el informante. No está claro qué tan ampliamente se ha aplicado la directiva en las operaciones de control de inmigración.
El memorando está firmado por el director interino del ICE, Todd Lyons, con fecha 12 de mayo de 2025, y dice: «Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) no se ha basado históricamente solo en órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes finales de remoción en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor General del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de EE.UU., la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben confiar en órdenes administrativas para ese propósito».
Al ser preguntada al respecto, la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que todas las personas a las que el departamento entrega una orden administrativa ya han tenido un «debido proceso completo y una orden final de remoción». Agregó que los oficiales que emiten esas órdenes también han encontrado causa probable para el arresto de la persona, y afirmó que la Corte Suprema y el Congreso han «reconocido la propiedad de las órdenes administrativas en casos de control de inmigración».
