El Congreso mexicano ha dado luz verde a una reforma constitucional que establece la prohibición absoluta para el uso, comercialización y distribución de cigarrillos electrónicos y vapeadores en todo el territorio nacional. Esta medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo ilegaliza estos dispositivos, sino que también contempla severas sanciones penales, incluyendo penas de prisión, para quienes se dediquen a su venta.
El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados con una contundente mayoría oficialista de 324 votos a favor y 129 en contra. La reforma modifica la Ley General de Salud con el fin de combatir el consumo de lo que el Poder Legislativo considera una «amenaza a la salud pública».
Sanciones draconianas
La nueva legislación, que legaliza la prohibición total en México (según reportes de EFE), veta específicamente la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos sistemas, ya sean electrónicos o mecánicos, que calientan o atomizan sustancias tóxicas (con o sin nicotina) para ser inhaladas.
La disposición más estricta es la penal: la venta de estos productos será castigada con sentencias de uno a ocho años de prisión.
Además de la cárcel, se impone una cuantiosa multa que varía entre 100 y 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto se traduce en sanciones económicas que van desde los 11.314 hasta los 226.280 pesos mexicanos (equivalentes aproximadamente a $621 y $12.430 dólares).
Críticas por el mercado negro
El propósito de la iniciativa es facilitar la implementación de políticas de salud pública destinadas a reducir la dependencia y proteger a los sectores más vulnerables. Sin embargo, la prohibición total ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la oposición, que advierte sobre posibles consecuencias no deseadas.
Legisladores de Movimiento Ciudadano argumentaron que, al prohibir sin una regulación efectiva, la medida podría simplemente «abrirle la puerta» al crimen organizado. La diputada Iraís Reyes destacó que «no regular un producto que la gente ya consume es igual a más mercado negro y más dinero para los narcos».
Esta preocupación se alinea con advertencias previas de especialistas y organizaciones, quienes ya habían señalado el crecimiento del mercado ilegal de vaporizadores en México, exacerbado por las políticas de restricción.
Esta nueva normativa se añade al conjunto de leyes antitabaco implementadas desde enero de 2023 en México, consideradas entre las más rigurosas a nivel mundial, las cuales incluyen la eliminación de la exhibición de cajetillas en mostradores y la restricción máxima de áreas públicas para fumar.
