El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) emitió este miércoles una contundente denuncia contra el Gobierno de Colombia, acusándolo de incumplir las políticas migratorias prometidas por el presidente Gustavo Petro, dejando a más de 450 mil migrantes venezolanos en un “limbo migratorio y jurídico”. En su informe titulado “Petro y el limbo migrante: Situación de derechos humanos de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia”, la organización advierte que la falta de avances concretos en la regularización y protección de esta población agrava una crisis humanitaria que requiere soluciones urgentes y sostenibles.
Un Limbo Migratorio que Persiste
En una publicación en su cuenta oficial de X, Provea señaló que “las promesas de integración de Petro se quedaron en discurso”, criticando la inacción del Estado colombiano frente a un fenómeno migratorio que ha convertido a Colombia en el principal destino de los venezolanos que huyen de la crisis económica, política y social en su país. Según la organización, el cierre del Registro Único de Migrantes (RUMV) en 2023 dejó a miles de venezolanos sin acceso a procesos de regularización, exponiéndolos a la exclusión, la explotación laboral y la negación de derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo formal.
El informe destaca que más de 450 mil venezolanos, de los aproximadamente 2.8 millones que residen en Colombia, carecen de estatus migratorio regular. Esta situación los coloca en una posición de extrema vulnerabilidad, especialmente para mujeres, niños, personas LGBTIQ+, familias y adultos mayores, quienes enfrentan riesgos adicionales como violencia de género, discriminación y explotación. Provea subraya que la falta de reconocimiento de estos migrantes como personas con necesidad de protección internacional agrava aún más su precariedad, contraviniendo los tratados internacionales de los que Colombia es signataria.
Fallos Judiciales y Ausencia de Políticas Integrales
La denuncia de Provea apunta a la ausencia de una política integral por parte del Estado colombiano para garantizar los derechos de los migrantes venezolanos. Aunque la Corte Constitucional ha intervenido en casos clave, ordenando medidas para proteger derechos como la salud, la nacionalidad y la unidad familiar, estas decisiones se han limitado a casos individuales resueltos mediante litigios, sin traducirse en un plan estructural. “El Estado colombiano no ha ofrecido un plan claro que resuelva estos problemas de manera permanente”, afirmó Provea, destacando que la intervención judicial no sustituye la necesidad de políticas públicas efectivas.
Entre los ejemplos de esta crisis, el informe menciona el limitado acceso a servicios básicos para los migrantes irregulares, la imposibilidad de obtener documentos de identidad válidos y las barreras para la integración laboral. Esto ha resultado en un aumento de la economía informal, donde los venezolanos enfrentan condiciones laborales precarias y salarios por debajo del mínimo legal.
Violencia contra Comunidades Vulnerables
Un punto particularmente alarmante del informe es la situación de inseguridad que enfrentan los migrantes venezolanos, especialmente aquellos pertenecientes a comunidades vulnerables. Provea destacó el reciente ataque armado contra los activistas LGBTIQ+ Yendri Velásquez y el politólogo Luis Peche, quienes fueron baleados mientras salían de una residencia en Bogotá el pasado 8 de octubre. Este incidente, que dejó a ambos heridos, pone de manifiesto los riesgos adicionales que enfrentan los migrantes en contextos de discriminación y violencia. “La falta de protección estatal expone a estas comunidades a ataques que podrían prevenirse con políticas de integración y seguridad efectivas”, señaló la organización.
La Crisis Migratoria
Colombia alberga a la mayor población de migrantes venezolanos en el mundo, con cifras que superan los 2.8 millones según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). A pesar de iniciativas como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), implementado en 2021, Provea sostiene que su alcance ha sido insuficiente. El cierre del RUMV y la lentitud en los procesos de regularización han generado un cuello de botella que deja a cientos de miles en la incertidumbre. Además, la falta de coordinación con otros países de la región ha limitado las respuestas integrales al fenómeno migratorio, que afecta a más de 7 millones de venezolanos desplazados en todo el mundo.
Petro asumió el poder en 2022 con promesas de una “paz total” y una política migratoria inclusiva. Aunque el Gobierno ha defendido el ETPV como un logro, Provea argumenta que su implementación ha sido irregular. Asegura que hay trabas burocráticas y falta de recursos para atender a toda la población migrante.
Llamado a la Acción
Provea concluye su informe con un llamado urgente al Gobierno colombiano para adoptar medidas efectivas que garanticen los derechos humanos de los migrantes venezolanos. Entre sus recomendaciones están la reapertura de procesos de regularización, el fortalecimiento de programas de integración social y laboral, y la creación de políticas específicas para proteger a grupos vulnerables.
PROVEA también instó a la comunidad internacional a apoyar a Colombia en la gestión de esta crisis, reconociendo que la migración venezolana es un desafío regional que requiere cooperación multilateral.
“Los migrantes venezolanos no pueden seguir atrapados en un limbo. Colombia debe pasar de las promesas a los hechos, garantizando una integración real y sostenible que respete los derechos humanos”, afirmó Provea en su comunicado. Mientras tanto, la situación de los 450 mil venezolanos en el limbo migratorio sigue siendo un recordatorio de los retos pendientes en un país que, aunque ha acogido a millones, aún lucha por cumplir con su compromiso de inclusión.
