{"id":28842,"date":"2025-08-06T06:33:39","date_gmt":"2025-08-06T11:03:39","guid":{"rendered":"https:\/\/esviafm.com\/?p=28842"},"modified":"2025-08-06T06:33:39","modified_gmt":"2025-08-06T11:03:39","slug":"sindicalismo-bajo-ataque-venezuela-entre-los-peores-paises-para-ejercer-derechos-laborales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esviafm.com\/index.php\/sindicalismo-bajo-ataque-venezuela-entre-los-peores-paises-para-ejercer-derechos-laborales\/","title":{"rendered":"Sindicalismo bajo ataque: Venezuela entre los peores pa\u00edses para ejercer derechos laborales"},"content":{"rendered":"

Por segundo a\u00f1o consecutivo, la\u00a0Confederaci\u00f3n Sindical Internacional<\/a><\/strong>\u00a0(CSI) ubic\u00f3 a Venezuela en el nivel 5 del\u00a0\u00cdndice Global de Derechos (IGD) 2025<\/a><\/strong>. Esta categor\u00eda, la m\u00e1s baja de la lista, incluye a los pa\u00edses donde \u201clos derechos no est\u00e1n garantizados\u201d. La clasificaci\u00f3n ratifica que el pa\u00eds contin\u00faa inmerso en un patr\u00f3n de represi\u00f3n sindical, criminalizaci\u00f3n del disenso laboral y ausencia de instituciones que protejan efectivamente los derechos de las y los trabajadores.<\/p>\n

En su anterior informe, correspondiente a 2024, la CSI hab\u00eda reclasificado a Venezuela del nivel 4 (violaciones sistem\u00e1ticas de los derechos) al nivel 5, afirmando que \u201clas autoridades han seguido persiguiendo a los sindicalistas mediante detenciones arbitrarias y condenas por cargos falsos, mientras que la organizaci\u00f3n sindical y los derechos se han seguido obstaculizando\u201d, y que Venezuela estaba entre los pa\u00edses donde \u201clas detenciones arbitrarias y los procesamientos de sindicalistas, con el objetivo de silenciar al movimiento sindical independiente, han sido pr\u00e1cticas habituales\u201d. En ese mismo informe se advirti\u00f3 que, en Venezuela, junto a Guinea-Bissau, Kirguist\u00e1n, Nigeria, Tanzania y Yemen, los cuerpos de seguridad del Estado realizaron allanamientos en sedes sindicales, con la intenci\u00f3n de sustituir a sus dirigentes por personas cercanas al Gobierno.<\/p>\n

Seg\u00fan el IGD 2025, Venezuela permanece entre los pa\u00edses donde \u201clas detenciones arbitrarias y los procesamientos de sindicalistas, con el objetivo de silenciar al movimiento sindical independiente, han sido pr\u00e1cticas habituales\u201d. El informe tambi\u00e9n advierte que las autoridades han seguido utilizando el sistema judicial para perseguir a trabajadores organizados mediante acusaciones falsas, detenciones sin debido proceso y sentencias sin garant\u00edas. Venezuela fue incluida junto a Belar\u00fas, Camboya y Myanmar como uno de los pa\u00edses donde estas pr\u00e1cticas se han vuelto sistem\u00e1ticas y sin control institucional.<\/p>\n

El nivel 5 en el \u00cdndice Global de Derechos implica la ausencia total de garant\u00edas para el ejercicio de derechos laborales. Esta categor\u00eda se confirma en Venezuela no solo por la criminalizaci\u00f3n del sindicalismo, sino tambi\u00e9n por el colapso de condiciones laborales m\u00ednimas. Seg\u00fan el Informe Provea 2024, el 98% de los contratos colectivos del sector p\u00fablico est\u00e1n vencidos, y la mayor\u00eda de los trabajadores no perciben un ingreso suficiente para cubrir necesidades b\u00e1sicas. Las instituciones encargadas de fiscalizar el cumplimiento de derechos laborales est\u00e1n desmanteladas o cooptadas, y no existen mecanismos efectivos para la negociaci\u00f3n colectiva ni la protecci\u00f3n frente a despidos arbitrarios. Esta precarizaci\u00f3n estructural, combinada con la represi\u00f3n sindical, configura un entorno en el que los derechos laborales no son reconocidos ni protegidos en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n

Un patr<\/strong>\u00f3n de persecuci\u00f3n<\/h2>\n

El\u00a0Informe Anual Provea 2024<\/a><\/strong>\u00a0documenta que, durante el a\u00f1o, se mantuvo un patr\u00f3n sistem\u00e1tico de criminalizaci\u00f3n contra el sindicalismo. En un contexto marcado por las elecciones presidenciales del 28 de julio, se intensificaron las detenciones, hostigamiento, imputaciones penales sin pruebas, y despidos arbitrarios de trabajadores vinculados a sectores opositores o a organizaciones gremiales independientes.<\/p>\n

Entre los casos registrados se encuentra el de V\u00edctor Venegas, presidente de la Federaci\u00f3n Nacional de Trabajadores de la Educaci\u00f3n (Fenatev) en Barinas, detenido en enero de 2024 por presunta conspiraci\u00f3n. Tambi\u00e9n fue detenido R\u00e9gulo Reina, dirigente sindical del estado Monagas, vinculado a una candidatura presidencial de oposici\u00f3n. Ambos casos fueron denunciados como represalias por su participaci\u00f3n en el debate pol\u00edtico y gremial.<\/p>\n

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, el uso del aparato penal se intensific\u00f3. Provea registr\u00f3 que m\u00e1s de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto poselectoral, muchas de ellas sin presentaci\u00f3n judicial inmediata. Aunque no todas eran dirigentes sindicales, se reportaron casos de trabajadores detenidos o despedidos por manifestar descontento con los resultados o por participar en protestas laborales.<\/p>\n

El informe denuncia una ca\u00edda del 74% en las protestas laborales, que pasaron de 4.100 en 2023 a unas 1.075 en 2024. Esta reducci\u00f3n no responde a mejoras en las condiciones laborales, sino al efecto inhibidor del miedo, la vigilancia, la criminalizaci\u00f3n y la censura. El sector educativo, hist\u00f3ricamente movilizado, protagoniz\u00f3 solo 430 protestas en todo el a\u00f1o, una reducci\u00f3n del 84% respecto al a\u00f1o anterior.<\/p>\n

Uso del sistema penal y hostigamiento institucional<\/h2>\n

Durante 2024, el uso de figuras penales como terrorismo, incitaci\u00f3n al odio o conspiraci\u00f3n fue recurrente en contra de trabajadores que manifestaron o lideraron reclamos gremiales. Provea document\u00f3 que estas imputaciones se realizaron en contextos de baja transparencia judicial, sin debido proceso y en muchos casos sin que se permitiera el acceso oportuno a la defensa.<\/p>\n

El informe tambi\u00e9n se\u00f1ala que, aunque no se documentaron asesinatos de dirigentes sindicales durante 2024, persiste un entorno de riesgo: entre 2015 y 2020 se registraron al menos 44 sindicalistas muertos en Venezuela. Esa cifra, aunque no se actualiz\u00f3 en 2024, sigue siendo un grave indicador del nivel de exposici\u00f3n al que est\u00e1n sometidos quienes defienden derechos y ejercen liderazgo laboral.<\/p>\n

Varias organizaciones sindicales contin\u00faan enfrentando trabas administrativas y pol\u00edticas para su funcionamiento legal. Entre los obst\u00e1culos se\u00f1alados se encuentra la negativa de las autoridades a tramitar elecciones internas, reconocer a nuevas organizaciones o permitir el registro de sindicatos independientes.<\/p>\n

En paralelo, se mantienen las denuncias sobre despidos arbitrarios por razones pol\u00edticas. Provea registr\u00f3 ceses injustificados de trabajadores en entes como PDVSA, la Misi\u00f3n Piar en el estado Bol\u00edvar, y gobiernos locales, motivados por expresiones pol\u00edticas contrarias al oficialismo o participaci\u00f3n en actividades gremiales. Estas acciones violan los art\u00edculos 89 y 95 de la Constituci\u00f3n venezolana, que protegen el derecho al trabajo y a la libertad sindical sin discriminaci\u00f3n.<\/p>\n

La CSI tambi\u00e9n reiter\u00f3 que Venezuela carece de instituciones efectivas para proteger los derechos laborales. La falta de independencia judicial, la desarticulaci\u00f3n de las inspector\u00edas del trabajo, y el uso del Ministerio del Trabajo como ente de control pol\u00edtico, han dejado a los trabajadores sin v\u00edas efectivas de defensa.<\/p>\n

Los hallazgos del IGD 2025 y del Informe Provea 2024 coinciden: en Venezuela, ejercer derechos laborales es una actividad de alto riesgo<\/h2>\n

Las libertades de asociaci\u00f3n, protesta, negociaci\u00f3n colectiva y expresi\u00f3n sindical est\u00e1n severamente restringidas, y su ejercicio puede derivar en detenci\u00f3n, despido o procesamiento penal.<\/p>\n

Una situaci\u00f3n que vulnera el art\u00edculo 95 de la Constituci\u00f3n, que establece el derecho a constituir sindicatos sin autorizaci\u00f3n previa, as\u00ed como los Convenios 87 y 98 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, ratificados por Venezuela.<\/p>\n

El pa\u00eds ha sido denunciado en 42 ocasiones ante el Comit\u00e9 de Libertad Sindical de la OIT entre 2000 y 2024, sin que se hayan adoptado medidas estructurales para corregir estas violaciones. Actualmente, Venezuela se encuentra bajo una\u00a0Comisi\u00f3n de Encuesta<\/a><\/strong>\u00a0de dicho Comit\u00e9, un mecanismo de seguimiento excepcional que se activa ante situaciones persistentes y graves. La represi\u00f3n contra el sindicalismo no es un fen\u00f3meno aislado, sino un patr\u00f3n sostenido que busca silenciar la organizaci\u00f3n desde los espacios de trabajo.<\/p>\n

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