Desde comienzos del presente a\u00f1o estaba prevista la aprobaci\u00f3n de la Ley de Fiscalizaci\u00f3n, Regulaci\u00f3n, Actuaci\u00f3n y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Al conocerse su contenido tuvo inmediato rechazo, no s\u00f3lo de las oeneg\u00e9s nacionales, sino de instituciones y organismos internacionales que defienden los Derechos Humanos.<\/p>\n
As\u00ed lo expresa a El Impulso el soci\u00f3logo Nelson Fr\u00e9itez, profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y directivo de la Red de Derechos Humanos en el estado Lara, quien precis\u00f3 que cuando comenz\u00f3 a tratarse el proyecto en la Asamblea Nacional se hab\u00edan pronunciado en contra del contenido de la ley, entre otras organizaciones, Amnist\u00eda Internacional, la Comisi\u00f3n Internacional de Derechos Humanos, la Relator\u00eca Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n de la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.<\/p>\n
Indic\u00f3 que en Venezuela, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil hab\u00edan dado a conocer dos declaraciones p\u00fablicas con cientos de firmas en respaldo, porque esta ley contiene una serie de art\u00edculos que cercenan el derecho de la libertad de asociaci\u00f3n en el pa\u00eds, dado que establece una normativa para registrar las asociaciones civiles, para las organizaciones de la sociedad civil y en fin, que no quedar\u00e1 ninguna instituci\u00f3n que se salve.<\/p>\n
Esa ley va a limitar al m\u00e1ximo las asociaciones, va a impedir que se registren, obliga a presntar informaci\u00f3n que hasta ahora es privada y est\u00e1 relacionada con fuentes de cooperaci\u00f3n, financiamiento y apoyo.<\/p>\n
Igualmente, afirma que, intervendr\u00e1 en los destinatarios, ser\u00e1 obligatorio entregar una lista de personas o instituciones que ayudan, apoyan, respaldan y proteger, lo cual podr\u00eda poner en riesgos a personas que son asesoradas o protegidas.<\/p>\n
Resalta el profesor Freitez que las mayores afectadas son las asociaciones que defienden los derechos civiles y pol\u00edticos, las cuales est\u00e1n obligadas a presentar las listas de las personas a las que asesoran, apoyan y defienden. Y va mucho m\u00e1s el acoso porque tienen que revelar las fuentes de financiamiento.<\/p>\n
En el mundo existe el derecho a recibir cooperaci\u00f3n internacional y, adem\u00e1s, que en los pa\u00edses haya respaldo para cumplir labores de asistencia humanitaria, orientaciones para realizar proyectos sociales, de organizaciones sociales y atender a las organizaciones que trabajan en el campo de la salud, la educaci\u00f3n, en el \u00e0mbito cultural y en el cuidado del ambiente.<\/p>\n
Todas esas asociaciones y organizaciones tendr\u00e1n que pasar por un proceso engorroso, burocr\u00e1tico y exhaustivo para poderse registrar.<\/p>\n
Destaca que la mayor\u00eda oficialista de la Asamblea Nacional ha aprobado esta ley en \u00abretaliaci\u00f3n\u00bb a la labor que realizan las organizaciones no gubernamentales.<\/p>\n
\u00abEl oficialismo pretende hacer ver que con esta ley se impedir\u00e1 que las asociaciones y organizaciones que se ocupan de velar por los Derechos Humanos puedan documentar que en Venezuela fueron violados los derechos de millones de personas que ejercieron el sufragio del 28 de julio, o que se impidi\u00f3 que por lo menos cuatro millones de venezolanos inscritos en el Registro Electoral, que se encuentran dispersos por el mundo, pudieran votar o que, debido a medidas autoritarias, se impidi\u00f3 que hubiera observaci\u00f3n internacional en esas elecciones, o que en Venezuela no se cumple con los requisitos esenciales para optar a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o las condiciones de independencia pol\u00edtica que deben tener los rectos del Consejo Nacional Electoral\u00bb, a\u00f1ade.<\/p>\n
Asegura que \u00abdecir esto y fundamentar en documentos que en Venezuela no se cumple con lo que est\u00e1 establecido en la Constituci\u00f3n y en las leyes, como la de Procesos Electorales, constituye para el gobierno un delito o la ya trillada conspiraci\u00f3n y desestabilizaci\u00f3n de los intereses nacionales, o una acci\u00f3n de traici\u00f3n a la patria, o, simplemente, terrorismo\u00bb.<\/p>\n
Es por ello que, se\u00f1ala, \u00abcualquier observaci\u00f3n que hacen las organizaciones no gubernamentales son objeto de detenci\u00f3n de algunas de las personas m\u00e1s significativas, como son los casos de la doctora Roc\u00edo San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, o del doctor Javier Tarazona, presidente de Fundaredes, quienes son defensores de los Derechos Humanos\u00bb.<\/p>\n
En este contexto, afirma que \u00abes por ello que p\u00fablicamente estamos rechazando esa ley porque viene a cercenar inconstitucional e ilegalmente los derechos de los ciudadanos e impedir que la poblaci\u00f3n pueda organizarse y ejercer sus derechos de asociaci\u00f3n, a la libertad de expresi\u00f3n y a defender sus Derechos Humanos\u00bb, expresa enf\u00e1ticamente el profesor Freitez.<\/p>\n
FUENTE: EL IMPULSO<\/strong><\/p>\n <\/p>\n